La nueva ley aplica algunas aportaciones de la sociedad civil, pero estas no alcanzan para que la nueva Fiscalía llegue a un grado óptimo.
Con 296 votos a favor, 138 en contra y un abstención, se aprobó este 11 de diciembre, en la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Previamente aprobada por el Senado de la República, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, es decir para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
En el debate en el pleno de la Cámara, los legisladores de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo desecharon las propuestas hechas por los partidos de oposición.
La aprobación de esta Ley ha generado críticas no sólo de los integrantes de los partidos opositores sino, más importante aún, de la sociedad civil. El coordinador de los diputados de Acción Nacional señaló que “lo que no queremos es un fiscal chimuelo, ni un fiscal a modo, lo que queremos es una fiscalía que sirva”.
Cabe mencionar que cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil han exigido una reforma al artículo 102 constitucional precisamente para lograr una fiscalía que sirva, es decir, que sea autónoma e independiente del presidente de la República.
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A la ley orgánica aprobada no le precede la señalada reforma constitucional al artículo 102, y el fiscal general de la República deberá su cargo en buena medida al presidente y además lo podría remover libremente de su puesto.
Así la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) integrante de la unión de los colectivos #Reforma102 y #FiscalíaQueSirva que exigen la reforma, en la persona de su presidente Gustavo de Hoyos Walther, lamentó la aprobación de la ley de la nueva Fiscalía, por carecer de los lineamientos que garanticen su autonomía y eficacia ante el reto de combatir la actual impunidad que sufre el país.
“Vemos con gran preocupación que la mayoría de los legisladores, haciendo eco de la posición política del presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan aprobado una Ley Orgánica que está destinada a ser derogada en un corto periodo de tiempo, y que trae consigo las limitantes propias de la camisa de fuerza constitucional”, señaló De Hoyos Walther.
Enfatizó que “en la ley aprobada, se mantiene la facultad discrecional del presidente de la República de proceder a la remoción del Fiscal sin causa que lo justifique, ni autorización previa del Poder Legislativo, lo que de forma irremediable minará su independencia y margen de actuación para perseguir delitos sin distinción ni consigna”.
Por lo anterior consideró que el futuro fiscal general de la República poco podría hacer si el presidente decide aplicar un perdón a delitos de corrupción realizados antes de 1º de diciembre porque de no actuar en sintonía con esa política implicaría ser cesado.
De esta manera de poco sirve de que el fiscal general designe directamente a los fiscales especializados, en delitos electoral o anticorrupción, por la dependencia del aquel con presidente, señaló el empresario. Y aunque reconoció que se incluyeran propuestas de la sociedad civil, serán insuficientes sin la reforma a la Constitución.
Por lo anterior enfatizó “denunciamos la falta de compromiso del Presidente de la República, para emprender la conformación de una Fiscalía General de la República con los elementos de independencia para investigar y perseguir los delitos graves en México”.
No obstante, aseguró que la sociedad civil continuará en su empeño de llevar la #Reforma102 al Congreso de la Unión y aseguró no tener duda en que ésta será la primera iniciativa ciudadana que logre un cambio en nuestra Constitución Política.
Con información de Milenio y Prensa de Coparmex.
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