La falta de diagnósticos en materia de los Poderes Judiciales se manifiesta en propuestas legislativas que no son proporcionales o idóneas para garantizar independencia e imparcialidad, combatir la corrupción y el nepotismo o para promover la paridad de género.
Diversos organismos de la sociedad civil consideraron que, si bien parece haber una buena disposición por parte del Poder Legislativo para mejorar las condiciones de autonomía de los Poderes Judiciales, lo cual es positivo, también son preocupantes los detalles de las reformas propuestas por el Congreso de la Unión.
A través del colectivo #LoJustoEsQueSepas, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa y Borde Político, entre otros, señalaron que desde el principio de la actual Legislatura, distintas fuerzas políticas han presentado diez iniciativas para reformar la Constitución federal o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Éstas buscan garantizar la independencia e imparcialidad de los Poderes Judiciales federal y locales, erradicar la corrupción y el nepotismo en su interior, así como promover la paridad de género.
Reconocieron que para mejorar la calidad de la impartición de justicia es necesaria una reforma de los Poderes Judiciales congruente con principios y recomendaciones internacionales, por lo que el colectivo también estimó que algunos factores podrían reducir la probabilidad de éxito de las iniciativas.
Por ejemplo, señalaron que en las iniciativas no se observa una “relación de idoneidad o proporcionalidad entre las medidas planteadas y los fines que pretenden lograr”. Por tal motivo consideraron necesario conocer los diagnósticos de los que parten y los problemas específicos que buscan atender.
Mencionaron que, “en contravención a las mejores prácticas internacionales y los principios de parlamento abierto, como el de participación ciudadana en las actividades legislativas y accesibilidad, estas iniciativas se desarrollaron sin el debido diálogo con los actores potencialmente afectados, como son funcionarios judiciales o usuarios del sistema de justicia, o con la academia y la sociedad civil. Lo último incrementa la necesidad de que en su discusión se garantice la participación ciudadana”.
Advirtieron que dichos factores generan ciertos riesgos. “Por un lado, en lugar de elevar la independencia judicial, como algunas de estas iniciativas lo plantean en su exposición de motivos, podrían derivar en su disminución. Por el otro, ante las prácticas informales y resistencias al cambio de algunos funcionarios judiciales, la implementación de estas reformas podría resultar inviable”.
En ese sentido, el colectivo reiteró que el objetivo para los diputados y senadores debe ser promover los cambios necesarios para garantizar la independencia, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas de los Poderes Judiciales.
Por lo cual hicieron un llamado a los legisladores para que cualquier iniciativa de reforma se base en diagnósticos con evidencia empírica; también para que en lugar de modificaciones aisladas y, conforme a principios de parlamento abierto, “se garantice una reflexión profunda, conjunta y pública, que involucre a funcionarios judiciales, usuarios del sistema de justicia, académicos y representantes de la sociedad civil, asegurando que la ciudadanía cuente con todos los elementos de información y participación en la discusión y aprobación de éstas y futuras iniciativas”.
Finalmente reiteraron que ante la magnitud de los problemas que enfrentan hoy los Poderes Judiciales, dichos organismos de la sociedad civil están en la disposición de contribuir con propuestas, análisis y recomendaciones para lograr las reformas que éstos necesitan.
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