Es indispensable contemplar en un plan de esta naturaleza la capacitación y el fortalecimiento de las actuales corporaciones de policía y del sistema de procuración de justicia.
La asociación civil México Evalúa señaló que es preocupante encontrar elementos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el presidente electo, que dejan de lado la tarea del fortalecimiento institucional y ponen en riesgo, incluso, los aspectos positivos que plantea el propio documento. En ese sentido señalaron que una estrategia de seguridad debe partir del fortalecimiento de las capacidades locales, con diagnósticos precisos, basados en evidencia y con la participación de la sociedad civil.
Señalaron que, por un lado, ven con buenos ojos la estrategia presentada el pasado miércoles por Andrés Manuel López Obrador, en el que coloca en un lugar prioritario la dignificación de las condiciones de las personas privadas de su libertad, así como de la labor policial y de los ministerios públicos en términos de sueldos y salarios. También es positivo que la nueva administración destaque como un tema central el respeto a los derechos humanos, asumiendo un compromiso con sancionar incumplimientos en la materia a las recomendaciones tanto de la Comisión Nacional como de cada una de las estatales.
“Asimismo, es favorable la relevancia que se da a grandes pendientes como reformular el combate a las drogas, reconociendo las deficiencias del modelo actual, y la necesidad de promover el desarme y desmovilización de grupos delictivos. Sin embargo, en estos rubros no se amplían detalles de cómo se perseguirán estos objetivos o de posibles reformas necesarias”, señalaron.
Sin embargo, es preocupante que esta estrategia parece ignorar las necesidades locales en materia de seguridad, ofreciendo “soluciones” desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de las labores de seguridad pública. Además, se sigue “identificando al crimen organizado como el objetivo de la política seguridad, dejando de lado la criminalidad del fuero común que tanto lastima la vida de los mexicanos”.
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Mencionaron como especialmente grave que lo anterior no se acompañe de un planteamiento para la capacitación y el fortalecimiento de las actuales corporaciones de policía a nivel federal, estatal y municipal, ni al sistema de procuración de justicia, y en cambio se anuncie la conformación de una Guardia Nacional con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal.
“Adicionalmente, se propone que esta nueva corporación esté dotada de la jerarquía y escalafón propios de las Fuerzas Armadas, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este último punto es de especial relevancia pues asegura el mando militar, y no el civil, en materia de seguridad pública”, precisaron.
Señalaron como un peligro la creación de los consejos estatales por el próximo gobierno, pues advierten en este modelo una amenaza a la autonomía y soberanía de los estados, “que altera, de facto, el pacto federal”.
En cuanto a la propuesta de regionalización, precisan que no es clara la metodología usada, ni la designación gradual de 100, 150 y finalmente 266 coordinaciones. Reiteraron que debe existir una metodología clara y transparente, basada en criterios territoriales formales para la argumentación regional.
Mencionaron también como un riesgo importante la intención de modificar el Artículo 76 constitucional para facultar al Senado para crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública. Esto supone un retroceso, especialmente a la luz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado jueves calificó como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que había implicado cuestionamientos similares a los que ahora retoma el plan del próximo presidente.
“Tanto los resultados de las estrategias de seguridad de los dos sexenios anteriores, incluido el que está por concluir, como la evidencia que arrojan estudios tanto nacionales como internacionales, parecen advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones de derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes”.
Por tal motivo, el organismo de México Evalúa hizo un llamado al presidente electo, a su equipo y a los legisladores para que se privilegie una visión de largo plazo en la seguridad pública, que dé prioridad a la generación de policías locales fuertes y profesionales. “Ante la crisis de violencia, es un error apostar por un modelo que ya ha fracasado, en vez de invertir en el problema de fondo: la generación de capacidades de Estado”, concluyeron.
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