En México, la trata de personas no es vista como un delito, sino como una práctica normal, incluso, como un negocio, provocando de esta manera que la Ley General en la materia sea letra muerta. Para responder a esta situación y combatir eficazmente esta actividad delictiva que lastima a miles de personas y sus familias, la diputada federal Julieta Fernández Márquez (PRI) impulsa una reforma para que se castigue a los clientes del delito de trata de personas, ya que está convencida de que, “si no hubiera clientela, no habría trata”.
La también presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas explicó que la incidencia de este delito provoca 60 mil víctimas anuales en México y en muchos casos se vincula con el delito de la pornografía a través de Internet.
Detalló que, en México, el narcotráfico y la portación de armas se persiguen; pero en el caso de la explotación de personas, el delincuente sabe que en el país existen muchos “paraísos donde no la combaten” y no se le sanciona de ninguna manera, lo que “fomenta el ilícito y da gasolina a toda la industria del delito”.
Por ello, agregó, “estamos impulsando la reforma a la Ley General para establecer el castigo concreto a los clientes”, señaló.
Dijo que tan sólo el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas atacan activamente el delito de trata, mientras que en el resto de los estados “hay un letargo”, como si la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, estuviera muerta.
Explicó que la trata de personas se practica en los giros “negros” en completa impunidad y se conjuga con otros delitos, como portación de armas, delincuencia organizada, narcotráfico y abuso de menores. Son zonas de tolerancia que deben combatirse con fuerza, remarcó.
Por ello, continuó, “esperamos que en el corto plazo se discuta ampliamente la sanción al cliente de trata de personas, figura que se registra en algunos países desarrollados y que debe establecerse en la Ley General a través de una reforma”.
La legisladora por Guerrero pidió hacer algo urgente para frenar a la delincuencia, “no solamente quedarse en un pleito entre policías y ladrones, sino en una verdadera estrategia económica mediante la incautación de los bienes que les reste poder financiero”.
Precisó que “al decomisar al delincuente los bienes obtenidos, se detiene su negocio, no continúa; de lo contrario, aun estando en la cárcel, sigue dando frutos su actividad, porque tiene poder para comprar y seguir manteniendo su organización criminal”.
“Tenemos que cortar de raíz eso; y se logra atacando la parte económica, mediante la incautación de bienes, que debe redireccionarse en apoyo a las víctimas”, apuntó.
Fernández Márquez informó que también se hacen esfuerzos legislativos para elaborar una ley que frene la delincuencia cibernética, la cual goza de un “paraíso en las redes sociales”, por lo que urgió a diseñar una normativa en el país que regule el manejo de las redes sociales, porque hasta ahora México sólo cuenta con instrumentos internacionales para capturar a los delincuentes.
Al respecto, dijo que se evalúa el Derecho comparado, en particular las experiencias de Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que estos países tienen una ley que establece límites a la delincuencia organizada cibernética.
Señaló que “la indiferencia social y complicidad de las autoridades alientan a no considerar a la trata de personas como un delito, sino como una práctica normal, cultural, ancestral, provocando que la Ley General en la materia sea letra muerta”.
No se actúa, continuó, porque a la trata se le considera como un negocio en el que están coludidos sectores con gran poder económico, que “infiltran las corporaciones policiacas y los gobiernos con el chantaje, la amenaza, las prebendas y todo tipo de artimañas que inhiben combatirla de forma efectiva”.
Afirmó que “necesitamos que haya mucha denuncia”. Por eso, explicó, la Comisión Especial promueve la difusión de la obra de teatro “Alas abiertas” a nivel nacional, a fin de que la clase política, padres, estudiantes, profesores y la sociedad en general entiendan que esta práctica “es un delito real, hagan conciencia y presión, y se logre que la ley esté viva, y se enfilen los esfuerzos a la prevención, erradicación y sanción”.
Propuso luchar contra la trata de personas con una perspectiva social, en donde se denuncie todos los casos, ya que si una población completa actúa contra este tipo de ilícitos “se logrará detectarlo y combatirlo frontalmente, y esta presión social hará que actúe la autoridad”.
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