En dicho informe se tocan casos de tortura en materia penitenciaria, migratoria, en el ámbito médico y de salud, y en seguridad pública.
Más de 120 organizaciones y asociaciones entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Consejo Nacional de Salud Mental, por mencionar algunos, presentaron el “Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU, 2012-2019” en el que se detalla de qué manera la tortura viola los derechos humanos y cómo poder dar solución a los problemas que se exponen, desde la perspectiva de las sociedad civil.
Dicho informe se presentó durante el 66º periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) realizado en Ginebra, Suiza, los pasados 25 y 26 de abril y en el cual se aplicó el 7º examen periódico a México respecto a este tema.
Respecto a tortura en el sistema penitenciario, la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad (ENPOL) aseguró que del total de personas en los centros penitenciarios en el país el 75.6% sufrió violencia psicológica y el 63.8% agresiones físicas mediante el proceso de arresto; del porcentaje de agresiones físicas, el 49.4% no fueron denunciadas, mientras que 39.4% de las personas recibieron patadas y puñetazos, y 23% recibió golpes con objetos y lesiones por aplastamiento.
En el informe las 120 asociaciones determinaron que las causas principales de que la impunidad siga presente en los casos de injusticia es la “falta de independencia, imparcialidad y eficacia de los y las profesionales a cargo de realizar la documentación e investigación de las denuncias”. Además detallaron que es “común” que dichos profesionales pertenezcan a las dependencias implicadas en el acto de tortura o el uso de pruebas ilícitas.
“Las pruebas ilícitas comienzan con la detención arbitraria de las personas; se ejercen distintos tipos de violencia física, psicológica y sexual desde el arresto, y durante la estancia en instalaciones fiscales, frecuentemente sin que las personas tengan acceso a sus abogados, familias o una revisión médica que certifique sus lesiones”, indicó el informe citando la ENPOL.
Mientras que en tortura en materia de seguridad pública el informe propone que la seguridad pública esté a cargo de instituciones y elementos civiles, no de militares o personal naval, ya que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a 2017 el 68.7% de las violaciones a derechos humanos, en especial tortura y desaparición forzada identifican a las fuerzas armadas como autoridad responsable.
ENPOL arroja que de ser detenido por la Marina, una persona tiene el 88% de posibilidades de ser víctima de algún tipo de tortura, al ser detenidos por el Ejército hay un 89% de probabilidad, 81% por la Policía Federal, 75% por parte de la Policía Estatal, por la Policía Ministerial o Judicial un 72% y, por último, por la Policía Preventiva o Municipal un 69%.
Finalmente, en este ámbito el documento recalcó que la existencia de la Guardia Nacional “permitirá que persista un riesgo elevado para los derechos humanos de la población”, debido a que su funcionamiento implica la participación de las Fuerzas Armadas.
Respecto a la tortura y otras violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad, el reporte propone que los centros penitenciarios que se construyen en México dejen de imitar a las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, ya que éstos no garantizan un trato digno a los internos.
Además se subrayó la necesidad de que todos los internos, hombres y mujeres, tengan acceso a servicios de salud, sean ubicados en penales cercanos a su domicilio, reciban una constante evaluación de salud mental y se prohíban técnicas disciplinarias como aislamiento o segregación.
En casos de tortura en servicios de salud las asociaciones exhortaron a las instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Secretaría de Salud a tomar la violencia obstétrica, daños físicos o psicológicos a una mujer embarazada, como una falta a los derechos de las mujeres, ya que de 2014 a 2018 de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) hay 474 quejas registradas relacionadas con atención ginecológica y obstétrica.
Por último, en materia de tortura de movilidad humana y detención migratoria, este informe pidió que en México se garantice el derecho a solicitar asilo a quien necesite de protección internacional, además de garantizar el respeto a sus derechos humanos mientras se encuentren en territorio mexicano, debido a que la cantidad de personas extranjeras detenidas en México ha llegado a 740 000, lo que representa un gran aumento durante los últimos cinco años según el Instituto Nacional de Migración (INM).
Esta propuesta fue fundamentada por una investigación a cargo del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) que se hizo a 74 personas migrantes detenidas en Tapachula e Iztapalapa, la cual arrojó que durante lo que va de 2019 el 57.90% de los encuestados presenció maltrato o tortura a otros migrantes, al 63.20% se le mantuvo en condiciones antihigiénicas, el 78.90% fue víctima de humillación y se le dio atención médica insuficiente, y al 68.40% se le fue negada su privacidad.
“México se encuentra inmerso en un contexto de movilidad humana complejo a nivel regional… los actuales éxodos migratorios conocidos como Caravanas que han ingresado por la frontera sur mexicana están conformados en un 30% por niños y otro 30% por mujeres, representando al menos 60% de la población que cruza la frontera de México”, afirmaron las asociaciones en el reporte.
Tras haber entregado este documento al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, para la séptima evaluación de México en esta materia, concluyeron que la situación de México en este aspecto “es muy preocupante”, ya que existe un número muy alto de violaciones a los derechos humanos, por parte de fuerzas de seguridad, armadas, agentes de investigación y autoridades.
Además el Comité lamentó no haber recibido información completa respecto al número de casos y quejas que ha recibido la Fiscalía General de la República, que suma 4 296 averiguaciones y 645 carpetas de investigación por delito de tortura.
Para finalizar, se hizo un llamado a las autoridades mexicanas para modificar los artículos 24 y 25 de la Ley General, para que se “incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de terceros”.
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