Tras asesinatos de obispos y amenazas de muerte hechas a sacerdotes y personal de la Compañía de Jesús en México, ubicados en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que 11 personas están en riesgo grave, urgente e irreparable, y llamó a autoridades a tomar acción inmediata.
Los hechos ocurrieron luego de que el 20 de junio de 2022, en la misma comunidad, los obispos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y dos civiles fueran asesinados por José Noriel Portillo Gil “El Chueco”, quien es líder de Los Salazar, célula del Cártel de Sinaloa. A siete meses, los Jesuitas denuncian impunidad ante el caso, pues no se ha detenido al responsable de las ejecuciones.
Al momento, la Fiscalía ha ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos (250 mil dólares), pero el criminal sigue libre y se le ha permitido aparecer en público y amenazar de muerte al párroco Jesús Reyes, quien es el único testigo de los asesinatos. La amenaza se publicó en video el pasado 24 de agosto.
Noriel Portillo “El Chueco” aseguró que iba a incendiar la comunidad, asesinar a toda persona que colaborará con los sacerdotes Jesuitas en los procesos judiciales e iba a regresar por el párroco Jesús Reyes por “bocón”. Las amenazas ya han llegado a los pueblos vecinos, para infundir miedo y que nadie ayude a los obispos.
Ante la situación y las denuncias de la Compañía de Jesús en México para recibir ayuda, la CIDH aseguró que 11 personas están en peligro extremo y dio 15 días al gobierno mexicano para adoptar “las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia”.
De acuerdo con la CIDH, autoridades mexicanas deben:
· Adoptar medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de los sacerdotes y la comunidad Jesuita.
· Adoptar medidas de protección que permitan a los obispos continuar realizando sus labores pastorales sin amenazas, intimidaciones y hostigamientos.
· Informar acerca de las medidas tomadas, para que se investiguen los orígenes de la medida cautelar y prevenir su repetición.
“A pesar del transcurso del tiempo, aún no se han brindado medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo, lo que puede ocasionar afectaciones a sus derechos a la vida e integridad en cualquier momento”, comentó la Comisión Interamericana y recalcó que se debe vigilar a 11 personas, quienes han recibido amenazas de sicarios.
Sin embargo, pese las denuncias de los Jesuitas, en la comunidad se ha reducido el personal de seguridad y se ha denunciado que incluso el jefe de policía de una comunidad vecina trabaja para el crimen organizado; además, se ha visto a “El Chueco” en fiestas a menos de 20 kilómetros de Cerocahui y parte de su gente ha sido detenida y liberada.
Finalmente, la CIDH recalcó que el que los obispos hayan sido asesinados en su propio templo “refleja el alto margen de actuación que tuvieron personas armadas”, por lo que exigió al gobierno mexicano que sus acciones de protección para la comunidad Jesuita sean precisas e inmediatas.
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