Javier Duarte, el ex gobernador mexicano del estado de Veracruz, detenido en Guatemala desde abril, aceptó el martes ser extraditado a su país, donde se le acusa de varios actos de corrupción.
“He decidido allanarme a la solicitud formal hecha por México con relación a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícitos y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, dijo Duarte durante una audiencia en un tribunal guatemalteco.
Barbado y con pelo corto, el otrora hombre fuerte de Veracruz escuchó a la fiscalía cuando enumeró la lista de medios de prueba que México aportó para su extradición, entre los que se encuentran contratos de acciones en empresas y de arrendamiento y propiedad de al menos ocho departamentos en los estados de Veracruz y Guerrero.
México formuló un segundo pedido de extradición por haber malversado 220 millones de pesos del erario nacional durante 2015. Según la Procuraduría General de ese país, Duarte habría desviado millones de dólares para adquirir bienes e inmuebles para su beneficio y el de allegados y para ello utilizó empresas fantasmas y testaferros.
Carlos Velásquez, abogado de Duarte, se comprometió ante el tribunal a no presentar ningún recurso legal constitucional que pudiera detener el proceso de extradición. “Considero que el proceso para que mi cliente se vaya durará unos 15 días en los que queda firme la resolución del juez y se coordina para extraditarlo”, dijo.
Como Duarte, su abogado también aseguró que aceptaron la solicitud de extradición porque no hay pruebas de las acusaciones a su cliente, por lo que confían en la justicia.
