Debido a los riesgos que generaría la Ley de Seguridad Interior en torno a la transparencia y acceso a la información, los comisionados y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras el primer encuentro que sostuvieron los integrantes del Consejo Consultivo y los comisionados del INAI, mostraron su preocupación por que los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior trasgreden los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales, aseguraron deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.
El INAI advirtió que la clasificación de información como reservada es una excepción que solo podrá aplicarse bajo determinadas circunstancias.
Aunado a lo anterior, detectó que el dictamen de Ley contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el “acciones de seguridad interior”, “acciones de orden interno”, entre otros.
Por otra parte, consideraron que el artículo 31 afectaría la autonomía órganos como el INAI, la CNDH, el INE y el INEGI toda vez que estos al igual que las autoridades federales deberán proporcionar la información que se le requiera en los términos de la Ley de Seguridad Interior.
El INAI argumentó que la ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos como las acciones de seguridad o las de orden interno”.
Asimismo, la comisionada Ximena Puente indicó que el artículo 31 no establece con claridad el tipo de información a la que se refiere, que podría tratarse de datos personales, ni los mecanismos que habrían de implementarse para su tratamiento, y así atenta en contra de la autonomía constitucional y la función del órgano garante.
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