Académicos y funcionarios urgen a que las autoridades que entrarán en funciones para la siguiente administración asuman un mayor compromiso en materia de rendición de cuentas y en políticas anticorrupción.
La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la consolidación de la participación ciudadana son los grandes retos a los que se enfrentará el próximo gobierno federal.
Así lo señalaron funcionarios y académicos participantes en el panel “Hacia una política nacional anticorrupción en México: retos para la nueva administración”, dentro de la 7ª Edición del Seminario Internacional “Retos de las Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo” convocado por la Red por la Rendición de Cuentas y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE).
Durante su participación en el foro, Marieclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), destacó que el organismo que encabeza tiene una historia muy corta y graves carencias, como la falta del nombramiento de un fiscal que lo dirija, lo cual ha impedido un óptimo desempeño en el castigo de los actos de corrupción.
Consideró que este fenómeno “no sólo se limita al desvío de los recursos”, sino también “está presente en el ámbito de la seguridad”, por lo que la próxima administración deberá poner su mirada en este sector, así como en el acceso a la justicia.
David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), planteó la homologación de las leyes contra la corrupción y del manejo de los recursos en las entidades federativas, a efecto de eliminar la “dispersión” de regulaciones y actuar de manera más eficiente en la persecución de irregularidades.
“Hay muchos temas en los que debemos tener legislación similar, necesitamos dar continuidad a las auditorías, ello constituye un puente entre la mejora de la gestión pública y una rendición de cuentas efectiva”, aseveró.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, indicó que se requiere el establecimiento de métodos de selección de los magistrados locales con el fin de garantizar que los perfiles privilegien los méritos, lo que contribuye a mantener la independencia y autonomía de las resoluciones que emiten.
Advirtió que “los esfuerzos contra la corrupción no se agotan con leyes o instituciones, la participación de la sociedad y la voluntad política son fundamentales para este fin”.
Ricardo Salgado, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), enfatizó que uno de los retos más importantes en la materia es la implementación de una “política hábil” que de manera progresiva ataque las causas de este fenómeno.
Mauricio Merino, coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) del CIDE, señaló que hay múltiples problemas para la aplicación del este sistema anticorrupción. Enfatizó que “en una política pública es fundamental tener claro cuál es el problema central a atacar, sabemos que la fragmentación de instituciones había impedido la operación del marco normativo para identificar las causas de la corrupción, promovía la falta de coordinación y la impunidad de las personas que cometían ilícitos”.
Finalmente, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, próxima secretaria de la Función Pública señaló que “la austeridad será el elemento fundamental para el combate a la corrupción” para la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Sandoval Ballesteros advirtió que incluirán como parte del Sistema Nacional Anticorrupción toda la estructura electoral, puesto que este sector se encuentra actualmente al centro de las dinámicas “corruptas” mediante la cooptación y el clientelismo.
“Proponemos una normatividad que vincule el SNA con esta situación de institucionalidad para poner freno a los abusos, porque en el nuevo gobierno no se permitirán los fraudes electorales ni la compra del voto. El elemento nodal para el combate a la corrupción será la austeridad, como modo de vida democrático”, subrayó.
Adelantó que se expedirán normas “muy rigurosas” para la prevención de este fenómeno al interior de las dependencias para evitar los conflictos de interés; planteó estimular la denuncia interna mediante la creación de una ley que brinde protección a los “informantes” a fin de otorgarles garantías laborales y cívicas.
La 7ª Edición del Seminario Internacional “Retos de las Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo” tiene como objetivo principal discutir las estrategias que han funcionado a nivel internacional en materia de combate a la corrupción, así como plantear los objetivos que todavía están pendientes para consolidar la Política Nacional Anticorrupción en un país con grandes desafíos para homologar estrategias y generar capacidades en los diferentes niveles de gobierno.
El evento es organizado por la Auditoría Superior de la Federación, el CIDE, la Comunidad PIRC, la Fundación Friedrich Ebert, el INAI, la OCDE, la Secretaría de la Función Pública, la SESNA, la UDLAP Jenkins Graduate School y la Red por la Rendición de Cuentas.
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