La organización de la sociedad civil informó que el colectivo #SeguridadSinGuerra presentó una propuesta para que la Guardia Nacional sea en realidad un cuerpo civil.
México Evalúa advirtió que la discusión sobre la Guardia Nacional se realiza bajo la marca de la simulación en virtud de que, aunque se insista en que tendrá un mando civil, el mando operativo, la jerarquía, la capacitación y los nombramientos de dicha institución serían militares.
La organización de la sociedad civil hace suya la repetida observación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto de que la iniciativa tal como está construida haría permanente el esquema militarizado de la seguridad pública.
México Evalúa consideró que los puntos más peligrosos de la propuesta legislativa es justamente el fuero militar además de que el mando operativo y la capacitación corran a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) así como la intención de que mediante un artículo transitorio se permita que las fuerzas armadas puedan continuar en funciones de seguridad pública por un tiempo ciertamente no definido.
En ese sentido, la organización indicó que el colectivo #SeguridadSinGuerra, del que forma parte, comprende que la situación de inseguridad es muy grave; pero que la utilización de las fuerzas armadas en este ámbito debe ser excepcional, fiscalizable, temporal y con base en criterios de convencionalidad como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia del Caso Alvarado en el que condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de 3 personas por elementos castrenses.
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Además subrayó que la decisión de utilizar a las fuerzas armadas deberá ser adoptada en respeto a las normas constitucionales vigentes.
Por otro lado, comunicó que el colectivo presentó una propuesta ciudadana para que se garantice que la Guardia Nacional efectivamente tendrá un carácter civil.
Indolencia e inseguridad
En el sexenio de Felipe Calderón una de las mayores preocupaciones, como hoy día, era la seguridad, por lo que fue una de las más grandes exigencias a la administración de Enrique Peña Nieto; sin embargo, los hechos violentos siguieron asolando a la población. Aquí algunos datos que ofreció la organización México Evalúa al respecto.
La cifra de homicidios dolosos durante el gobierno de Peña Nieto llegó a 126 330. Y la tasa de este delito por cada 100 000 habitantes llegó en 2018 a los 23.8 asesinatos dolosos; y si bien en 2014 estuvo en los 13, el promedio del sexenio fue de 17.3; en tanto que las carpetas de investigación por este ilícito crecieron en 22% en comparación con su antecesor.
La incidencia creció en algunos estados de manera exponencial como en Baja California que aumentó 338%; su vecino Baja California Sur subió 286.5%; Colima 97.7%; Hidalgo 149.6%; Guanajuato 224%; Oaxaca 106.3%; Quintana Roo 159.8%; Tabasco un 81.6%; Tlaxcala 98.2% y Zacatecas 183%.
De acuerdo con el análisis de la organización civil sólo 4 de los 12 municipios más violentos de final del sexenio estaban en peores condiciones que en la administración de Calderón, aunque es digno de mención el caso de un municipio en Chihuahua, Guadalupe y Calvo que superó en 2012 los 250 homicidios por cada 100 000 habitantes.
México Evalúa consideró que la prisión preventiva oficiosa no fue factor para disminuir la incidencia del homicidio doloso, ya que aun cuando el imputado no tiene posibilidad a llevar su proceso en libertad la tasa de este delito creció 125% en 10 años, desde que esta medida fue tomada. Además indicó que casi 4 de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen un sentencia.
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