“La Guardia (Nacional) implica la constitucionalización de la militarización, pero necesitamos una guardia civil fuerte, capaz y poderosa, esto tiene que ser el refrendo de un pacto federal”, señaló el senador Emilio Álvarez Icaza.
En el marco del debate en el Senado de la República para aprobar la ley que permitirá la conformación de la Guardia Nacional anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, inició en las instalaciones de la Cámara Alta el Parlamento abierto que tiene como finalidad escuchar las opiniones y propuestas de la sociedad civil referente al proyecto de seguridad planteado desde el Ejecutivo.
El tema inicial del Parlamento Abierto fue “Constitucionalidad y Convencionalidad”, en el cual participaron doce especialistas en materia de seguridad y de derecho, entre ellos Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Sergio López Ayllón, director del CIDE; Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; Álvaro Vizcaíno, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana.
Previo a las intervenciones de la sociedad civil los senadores manifestaron sus diversas posturas referentes a la Guardia Nacional.
La senadora panista Xóchitl Gálvez externó su preocupación de contar con una Guardia Nacional por la cual “en los tribunales internacionales nos vayan a demandar, nos preocupan los derechos humanos”. Posteriormente precisó que “queremos ayudar al presidente a que tenga una Guardia Nacional pero con todas las garantías”.
Al respecto tanto el Partido Acción Nacional como el de la Revolución Democrática puntualizaron en que tanto Morena como el Gobierno Federal den a conocer su propuesta de leyes secundarias para la Guardia, pues el “diablo está en los detalles” y existen dudas sobre facultades y tiempos.
Por su parte, Movimiento Ciudadano manifestó su preocupación de que estos foros puedan ser una simulación y que Morena haga uso de su fuerza parlamentaria para imponer la voluntad del presidente.
Posteriormente el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza dijo que “la Guardia implica la constitucionalización de la militarización, pero necesitamos una guardia civil fuerte, capaz y poderosa, esto tiene que ser el refrendo de un pacto federal. Los resultados en seguridad son pobres”.
La senadora priista Sylvana Beltrones secundó lo dicho por Álvarez Icaza y aseguró que la Cámara Alta tiene la obligación no hacer panaceas de modelos que han probado que no funcionan. “Sería un desarreglo que se desnaturalice a las instituciones”, afirmó.
Sociedad civil por la no militarización
En el turno de la participación de organismos internacionales y de la sociedad civil, tanto Naciones Unidas como diversos especialistas en materia de seguridad y derechos humanos manifestaron su preocupación de que al aprobar en sus términos actuales la creación de la Guardia Nacional se violente la convencionalidad internacional que el Estado mexicano está obligado a cumplir, pues elevaría a rango constitucional la militarización de la seguridad pública.
Insistieron en la necesidad de modificar las contradicciones presentes en el documento enviado por la Cámara de Diputados con la finalidad de que quede garantizado que la seguridad pública tenga un carácter eminentemente civil. Pues de no hacerlo México podría caer en falta ante el orden jurídico internacional.
Durante su participación, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que en un Estado democrático lo normal es combatir la delincuencia a través del fortalecimiento de sus corporaciones civiles y un adecuado sistema de procuración de justicia, por lo que el proyecto propuesto por el actual gobierno no pasaría la prueba de convencionalidad.
Ante ello señaló como preocupante la intención gubernamental de renunciar al fortalecimiento de un cuerpo civil para procurar la seguridad, la desaparición de la policía federal, principal corporación existente actualmente, pretender crear una corporación sostenida en el Ejército y constitucionalizar su participación en la materia.
Jan Jarab presentó ante el Senado seis propuestas que ayudarían al fortalecimiento de la seguridad pública bajo un mando netamente civil:
1. Eliminar los componentes castrenses en el diseño de la Guardia Nacional y no devaluar su definición civil.
2. Sujetarla a estrictos controles democráticos del orden civil.
3. Si se incluye el papel de las fuerzas armadas en estas labores debe ser transitorio y sujetarse a un plazo perentorio y ser acorde con los estándares internacionales.
4. Fortalecer las corporaciones civiles.
5. Cerrar la puerta a la licencia constitucional para privar de la libertad a civiles en instalaciones militares –la minuta incluye ese tipo de aprehensiones–.
6. No ensanchar los alcances de la jurisdicción militar, la cual debe ser excepcional, restringida y extraordinaria.
Durante las intervenciones del expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera, y del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, coincidieron en que el contenido es contradictorio, pues asienta que la Guardia Nacional es un órgano de carácter meramente civil, pero por otro lado afirma que tendrá mando y conformación civil y castrense, por lo que pidieron rechazarla.
Ambos señalaron que si el contenido constitucional no se ajusta al orden jurídico internacional, el asunto podría llegar a la CIDH, la cual declararía la inconvencionalidad del mando militar de la Guardia Nacional, pues esa instancia se ha manifestado sobre los riesgos que implican los militares en tareas de seguridad pública.
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