La diputada Diana Villavicencio estimó que reformar el citado artículo no es la vía más adecuada para lograr justicia en el tema de feminicidio. “Yo promoví ese delito en la iniciativa, pero después de la valoración, estimo que los cambios constitucionales sólo van a agravar la situación que ya existe”.
La reforma al artículo 19 constitucional para que el feminicidio sea incluido en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa divide a diputadas y especialistas en la materia.
En formato de parlamento abierto, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados conoció la opinión de representantes de asociaciones civiles en materia de feminicidio y académicos respecto a la reforma al citado artículo.
La presidenta de dicha comisión, María Wendy Briceño, explicó que llegó del Senado la minuta respectiva y se ha hecho una discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, “pero ésta pasará al pleno y como Comisión de Igualdad de Género hay temas que nos preocupan de manera clara y específica, como la tragedia y la emergencia nacional que vivimos en el tema de feminicidios en México”.
Por ello llamó a la responsabilidad de los legisladores para tener los planteamientos que las mujeres, niñas jóvenes esperan de esta Comisión.
Reconoció la preocupación que existe en el tema de derechos humanos por la prisión preventiva, por lo que consideró que se debe continuar analizando y discutiendo el tema.
Anunció que la próxima semana se llevarán a cabo audiencias públicas sobre la propuesta de reforma: El miércoles será “Fundamento constitucional de la prisión preventiva”; el jueves “Seguridad, justicia y prisión preventiva” y el viernes “Prisión preventiva y sistema de justicia penal” y “Prisión preventiva, libertades e investigación”.
A su vez, la diputada priista Dulce María Sauri Riancho afirmó que el debate sobre incluir o no el feminicidio dentro de los delitos con prisión preventiva oficiosa en la Constitución, tiene que centrarse en fortalecer los ministerios públicos para que brinden una procuración de justicia efectiva.
La legisladora advirtió “podemos meter todos los delitos al 19 constitucional, pero si los ministerios públicos siguen sin darle a los jueces elementos suficientes para poder fundamentar el tipo penal por el cual consigna, simple y llanamente no va a pasar nada”.
Por ello, planteó que antes de aumentar el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa, se debe revisar y enmendar la actuación del Ministerio Público, porque es el que acredita si hay elementos para que esa persona, independientemente que esté o no en el 19 constitucional el delito, enfrente el proceso en la cárcel.
Sin embargo, la diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez subrayó que la prisión oficiosa que se quiere anular para el tema de feminicidio en el artículo 19 “refleja una vez más la invisibilización de violencia de género que viven las mujeres”.
Estimó que se debe exigir y dar el debate en la Cámara de Diputados para que este artículo quede muy claro, “porque no es posible que no se quiera contemplar un delito grave, como es el feminicidio, y dejar esa laguna que permite que el agresor quede libre y siga asesinando”.
En su turno, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz consideró que el tema es delicado y difícil de consensar, porque “entiendo la postura de algunas y algunos diputados que argumentan que va en contra del principio de la presunción de inocencia”, pero opinó que el feminicidio debe ser incluido en el artículo 19.
Por su parte, la diputada de Morena, María Elizabeth Díaz, señaló que México “es un país es altamente feminicida y no se quiere voltear a ver el problema”, por lo que expresó su compromiso por coadyuvar en este tema y se pronunció por frenar la violencia de género.
La también morenista Lorena Villavicencio Ayala estimó que reformar el citado artículo no es la vía más adecuada para lograr justicia en el tema de feminicidio. “Yo promoví ese delito en la iniciativa, pero después de la valoración, estimo que los cambios constitucionales sólo van a agravar la situación que ya existe”.
En tanto, la secretaria de la Comisión, la perredista Guadalupe Almaguer Pardo, estimó que la intención de ampliar catálogos de delitos es de carácter social; es decir, se pretende impactar mediante la percepción de la gente. “No es posible que aquí se esté diciendo que no importa lo que dice la CNDH o la CIDH”.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez se pronunció en contra de la reforma pues en su opinión “la prisión preventiva oficiosa no es el medio para resolver el problema y que, por el contrario, lo agrava más”. Precisó que la prisión preventiva oficiosa no es una buena herramienta para atender el tema del feminicidio, porque sin investigar se tendría que ir directamente a la cárcel el inculpado y el problema es la impunidad.
En su participación, Estefanía Vela Barba, del área de Derechos Sexuales y Reproductivos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que la propuesta que amplía el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa no debe ser aprobada por los legisladores.
“Se tiene que rechazar por completo, porque los estándares internacionales indican que la prisión preventiva es, en sí misma, violatoria de derechos humanos. Están en juego preceptos como la presunción de inocencia y la libertad personal, que sólo se puede privar cuando no es de forma arbitraria”, dijo.
Explicó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw por sus siglas en inglés, ha recomendado armonizar las leyes con medidas no privativas, situación que quedaría asentada en la Carta Magna, si se aprueba el dictamen.
Del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Katherine Mendoza Bautista, Carlos Humberto Olvera González y Ana Yeli Pérez Garrido, señalaron que en México se cometen nueve feminicidios al día y tres mil al año, por lo que se pronunciaron por incluir este ilícito en la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Consideraron que se requiere un debate profundo sobre la necesidad, pertinencia y legitimidad de esta medida cautelar, que coloque los derechos de las víctimas que están en riesgo, ante la deficiencias estructurales del sistema de justicia.
