La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó postergar para después de la Semana Santa la elección de la persona que propondrá al pleno para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción.
Durante un encuentro de carácter privado, los integrantes de la Jucopo recibieron el dictamen remitido por las comisiones, así como la opinión presentada por el Comité de Acompañamiento Ciudadano sobre los 22 perfiles que continúan en el proceso.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera Ávila, detalló que se acordó que todos los grupos parlamentarios realicen una revisión exhaustiva del perfil de los aspirantes y, una vez transcurrido el periodo vacacional, se comenzará a delinear la propuesta que será votada por el pleno.
De acuerdo con el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, una de las razones para postergar la elección del fiscal, tiene que ver con la exigencia de algunos grupos de que se apruebe previamente la reforma para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Y aún se está buscando acercar posiciones al respecto.
Afirmó que también se debe trabajar en la Ley Orgánica de la Fiscalía General, para poder contar con un Fiscal Anticorrupción que sirva y tenga plena autonomía, no como ocurre actualmente.
El senador panista resaltó que también se debe analizar la posibilidad de equilibrar el tiempo que durará en el cargo el próximo Fiscal Anticorrupción, pues de acuerdo a lo establecido actualmente, terminaría su participación en 2018.
Sistema Anticorrupción puede caer en una simulación
Para el senador perredista Alejandro Encinas, es difícil entender que se instale un Sistema sin el Fiscal especial Anticorrupción, ya que lamentablemente se puede caer en una simulación, porque impide el ejercicio pleno del Comité Coordinador y se pone en riesgo la autonomía.
Por lo mismo, destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción arranca incompleto, ya que no está nombrado el “Zar” en la materia, ni los magistrados de la Sala Especializada, ni las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.
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