La designación de magistrados y fiscales especializados en desapariciones y asesinatos se ha utilizado en Chile y Argentina donde este modelo les ha servido para resolver los crímenes.
El gobierno de México no ha hecho ningún esfuerzo serio para determinar cómo desaparecieron más de 60 mil personas o identificar a los responsables. Buscar el paradero de los desaparecidos es necesario e importante, pero no es suficiente y eso no es justicia, afirmó José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Al presentar el Informe Mundial 2020, subrayó que el hecho de que más de cinco mil personas hayan desaparecido el año pasado en lo que corresponde al periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, demuestra que no hay mejoras, sino retrocesos en esta materia toda vez que se sigue con las mismas prácticas del pasado las cuales, advirtió, alimentan la impunidad.
El representante de la organización internacional, destacó que para que haya mejoras en materia de derechos humanos, no es suficiente la buena voluntad o la buena disposición de un solo hombre, se requieren de políticas públicas, de recursos y desarrollo institucional.
No hay sociedad alguna que pueda mostrar resultados en materia de lucha contra la corrupción, fortalecimiento del estado de derecho en lucha contra la impunidad y menos aún en temas como derechos humanos simplemente porque hay buena voluntad o buena disposición o receptividad por parte del Jefe de Estado, recalcó.
Es difícil constatar progresos en el récord de derechos humanos de Mexico a la luz de las cifras de homicidios que son las más altas en la historia reciente del país. https://t.co/w9Y669L6ID pic.twitter.com/lzGV895mhW
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) January 16, 2020
Vivanco aseguró que hasta ahora el gobierno mexicano no ha hecho el más mínimo esfuerzo por esclarecer lo que está pasando y dar con los responsables de las desapariciones y crímenes de miles de personas, sin embargo reconoció que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, han puesto en la mira a la identificación de los cadáveres para hacer esfuerzos para dar con el paradero de los desaparecidos.
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Más tarde, en entrevista con Joaquín López Dóriga, abundó que resulta frustrante que al actual gobierno no le importa establecer quiénes son los responsables de estos hechos, cuánto le corresponde a los cárteles, cuánto a las policías municipales, en qué circunstancias han actuado coludidas estas fuerzas, cuántos le corresponden al Ejército a la Marina ésa es una gran incógnita, no hay una prioridad en ese sentido, y pareciera ser que al actual gobierno tampoco le importa conocer las circunstancias, por qué se ha producido este fenómeno en México.
Indicó que en materia de derechos humanos, México es catastrófico por las cifras de desapariciones y asesinatos, y de los cuales la organización que representa tiene registrado desde 1964 a la fecha, tiempo en el que suman más de 60 mil desapariciones de las que el 98 por ciento se desarrollaron entre 2006 al 2019.
La manera en cómo han matado a la gente son dantescas ya que para no dejar rastros de ADN han hecho de todo como quemar o deshacer en ácido los cuerpos.
El representante de HRW advirtió que, a pesar de la creciente violencia en los últimos 15 años en México, tan sólo existen 50 sentencias en esta materia, por lo que sugirió al gobierno dar prioridad al tema y si bien es necesaria una reforma judicial y, también es importante generar mecanismos con los que se puedan logran resultados concretos y conocer quiénes son los criminales.
Agregó que podría crearse un grupo de magistrados especiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiguen el caso de los desaparecidos, abocados únicamente a este tema, así como otro grupo especializado de fiscales que colaboren en esclarecer estos casos.
Vivanco aseguró que la designación de magistrados y fiscales especializados en desapariciones y asesinatos se ha utilizado en Chile y Argentina donde este modelo les ha servido para resolver los crímenes, “si no hay medidas concretas la situación no va a mejorar”, subrayó.
Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad –incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes– han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. La impunidad sigue siendo la norma. El presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, integrada mayormente por militares, y ordenó su movilización para el control de la migración irregular. Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar las problemáticas de tortura y desapariciones, aunque su implementación ha demorado.
Informe Mundial 2020
El Informe Mundial 2020, con respecto a México, asegura que “desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones”.
Asimismo, señala que es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
Asimismo, destaca que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o centros de detención ilegales. En ocasiones, las confesiones obtenidas bajo tortura se usan como prueba en procesos penales.
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