El entorno de inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con especial gravedad en algunas regiones del país, son expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, sentenció el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Consideró que a pesar de los esfuerzos y recursos destinados, ha pasado más de una década sin que se pueda encontrar una solución a los graves problemas en este ámbito, lo cual implica la vulneración de los derechos humanos. Indicó que desde 1996 a la fecha se ha destinado al ámbito de seguridad una cifra que supera el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables.
“Lo anterior es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”, subrayó.
En el marco de la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, que se realiza en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM, el ombudsman nacional aseguró que “sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, y subrayó que “la violencia no reducirá la violencia”.
Asimismo, dijo que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta. Señaló que México requiere seguridad, “pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley”.
González Pérez afirmó que para construir la seguridad se requiere de un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, y recalcó que a esta última tiene “un papel relevante” en los mecanismos de supervisión y control de la misma.
El ombudsman consideró que es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales.
“Nuestro país no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”, subrayó.
