La Ley de Seguridad Interior sigue en tela de juicio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por considerar que contiene “efectos perniciosos no solo para el estado de Chihuahua, sino para todo el país”, debido a que el diseño legislativo en esta materia prefirió un modelo de sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva.
A través de un mensaje que grabó y difundió a través de sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que con esta normatividad la soberanía del estado es invadida por las autoridades federales, además de que se vulnera la autonomía presupuestaria y financiera, poniendo en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad de datos personales, a la libertad de reunión, al principio pro persona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal.
Corral Jurado hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país, sin embargo rechazó que por una “ambigua definición” que se contiene en la Ley de Seguridad Interior, los elementos que pertenecen al Ejército deban realizar actividades que corresponden a la seguridad pública y por lo tanto a autoridades civiles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución.
Asimismo, considero que “es muy delicado que el Presidente de la República pueda determinar por sí mismo, sin que medie solicitud el poder ejecutivo de una entidad o de la legislatura estatal disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para instaurar una intervención militar en un estado o determinada zona geográfica del país”.
Corral Jurado recordó que antes de ser aprobada por la Cámara de Diputados, diversas organizaciones civiles, e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron que se revisara y corrigiera en puntos fundamentales la minuta de que sería votada, pero se toparon con una gran insensibilidad y solo se realizó un “proceso de simulación para hacer ajustes cosméticos a la ley, dejando intactas las partes más delicadas” de la misma.
Ante la aprobación, promulgación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, Javier Corral decidió enviar una controversia constitucional a la misma, convirtiéndose así en el único gobernador que hasta el momento ha hecho uso de este derecho.
