El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuestionó la designación de los 18 magistrados que habrán de integrar la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya lista envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República este martes, 25 de abril.
El CPC considera que esta selección “no fue producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo”.
Este tipo de acciones “dejan mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México”, señalaron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
Recordaron que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las piezas clave es la integración de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compuesta de una Sala Superior con tres magistrados y cinco salas especializadas, cada una con tres magistrados.
Personajes propuestos por el Ejecutivo
Para la Sala Superior, el titular del Ejecutivo federal propuso a Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler.
Para las salas especializadas, a Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, Daniel Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro.
Así como a Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Claudia Rosana Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco.
Los magistrados podrán atraer los casos y determinar la aplicación de sanciones no sólo a los servidores públicos, por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, sino también a los particulares que participen en actos vinculados con esos delitos.
Se les impondrán indemnizaciones y multas que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, establece el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las salas especializadas atenderán las faltas graves investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de las diversas dependencias.
El documento enviado por el presidente Peña Nieto al presidente del Senado, precisa que de acuerdo con la ley estos nuevos magistrados deberán iniciar funciones el próximo 18 de julio.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción aseguró que todavía se está a tiempo de corregir el camino y construir un proceso adecuado, que permita el debate abierto sobre los perfiles idóneos de los magistrados que habrán de sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares.
* Con información de Notimex
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