Roberto Campa ante Comisión Permanente

Crimen organizado cuenta con ventajas como en ningún otro país

La mayoría de las amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos en México, provienen del crimen organizado, reconoció Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.



“Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada”, pero el patrón común es que estén vinculados con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, aseguró.

En reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, el funcionario explicó que esta situación se debe a que en México el crimen organizado cuenta con ventajas y oportunidades que en ningún otro país tiene, por ser vecinos de Estados Unidos.

Esto, porque es el principal mercado de consumo de drogas, así como también donde la delincuencia organizada se hace de toda clase de armamento a través de la frontera más grande y transitada del mundo con más ocho mil 700 tiendas de armas en la frontera.

Y también porque, en México, las corporaciones policiales son débiles o están penetradas por la delincuencia.

Derivado de todo esto, Roberto Campa Cifrián reconoció que la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos en México es un desafío extraordinario para el Estado mexicano, por las condiciones de violencia que genera el crimen organizado.

Ante senadores y diputados federales, sostuvo que ningún comunicador que ha solicitado su inclusión en el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” ha sido asesinado.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación agregó que en un Estado democrático de derecho la protección de periodistas y defensores, debe ser una política prioritaria.

A la reunión de trabajo también asistieron Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).

Con información de Notimex

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