México Evalúa dijo que es importante establecer estratégicamente Centros de Atención en determinados puntos geográficos y generar mecanismos tecnológicos que mejoren el acceso a la justica.
La impunidad en la Ciudad de México se incrementó un punto porcentual, al pasar de 97.7 a 98.5 por ciento en 2020, casi cuatro puntos porcentuales por arriba del promedio nacional, de acuerdo con el estudio “Hallazgos desde local: Ciudad de México”, el cual es una evaluación al sistema de justicia penal realizado por la organización México Evalúa.
En 2020, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 198 mil 159 delitos y se iniciaron carpetas de investigación para todas las denuncias, lo que coloca a la CDMX por encima de la media nacional que es de 93.1 por ciento la apertura de indagatorias.
El estudio reportó que Ciudad de México cuenta con 269 asesores de víctimas, por lo que el promedio de cada asesor brindó asesoría a 289 víctimas durante 2020, lo que se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 144 víctimas por asesor.
En lo que respecta a la Defensoría Pública de la CDMX, representó un total de 56 mil 127 imputados en proceso penal, por lo que cada uno de los 429 defensores públicos que opera en la ciudad representó en promedio a 131 imputados.
En este sentido, la población de personas encarceladas, el documento muestra que el 29.6 por ciento son individuos a los que se les dictaminó prisión preventiva, por lo que están en prisión sin tener aún una sentencia; mientras el 70.4 por ciento son personas que ya están sentenciadas.
Christel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, sostuvo que el “número de Ministerios Públicos, jueces, defensores públicos y peritos en funciones tiene un impacto significativo en la calidad del sistema, sobre todo en lo que toca a la prontitud en la procuración de justicia”, señaló en conferencia de prensa virtual.
Enrique Bouchot, investigador de México Evalúa, sostuvo que “la cantidad de población de Ciudad de México sumada a la creciente incidencia delictiva, impiden que la infraestructura institucional sea suficiente y dificultan la cobertura de los operadores”.
Bouchot dijo que es importante establecer estratégicamente Centros de Atención en determinados puntos geográficos, y generar mecanismos tecnológicos que mejoren el acceso a la justica.
Entre las recomendaciones derivadas de la evaluación se destacan la necesidad de implementar la Política Criminal en todos los ámbitos de trabajo, así como avanzar en el proceso de la Fiscalía local.
Así como fortalecer el servicio profesional de carrera en todas las instancias y atender a las demoras en los procesos judiciales que vieron una reducción significativa a partir de la pandemia, en parte explicada por la falta de mecanismos adecuados en la sede de justicia.
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