Organismos defensores de derechos humanos se manifestaron preocupados, y rechazaron la conformación de la Guardia Nacional por el próximo gobierno. Aseguraron que con este acto el presidente electo incumplió los acuerdos de los foros de pacificación con las víctimas.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló como positiva la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.
Mencionó que con la decisión de la Corte se ratifica la necesidad de restringir al mínimo la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y fortalecer el control de las autoridades civiles.
En referencia a la presentación del Plan de Seguridad y Paz realizado por el presidente electo, González Pérez dijo que “en el documento se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado, en reiteradas ocasiones, de fortalecer a las instituciones civiles en materia de seguridad pública, y dejar en manos de las mismas esta materia”.
Insistió en la necesidad de una política integral en materia de seguridad que, de acuerdo con la Constitución y los estándares internacionales haga que la seguridad pública sea responsabilidad de autoridades civiles, ya que el combate de prácticas violatorias a los derechos humanos no pueden garantizarse con la sola creación de organismos como la Guardia Nacional.
Al respecto, Amnistía Internacional y diversos organismos defensores de derechos humanos se manifestaron preocupados, y rechazaron la conformación de la Guardia Nacional por el próximo gobierno. Aseguraron que con este acto, el presidente electo incumplió los acuerdos de los foros de pacificación con las víctimas, por lo que coincidieron con el planteamiento de la CNDH de profesionalizar a la policía civil.
A su vez, la directora general de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, consideró que la Guardia Nacional implicará la transferencia del mando de la Policía Federal del ámbito civil al militar, por lo que no habrá una reducción de la violencia ni pacificación en el país, pues en los 12 años que se ha seguido esta estrategia “lo único que ha sucedido es que la violencia homicida creció y la criminalidad no baja”.
