México, 25 Ene (Notimex).- La prevención debe ser una prioridad para las familias, autoridades escolares y gobiernos ante la violencia y la inseguridad que han afectado a la infancia y a la adolescencia mexicanas, expuso el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Consideró que medidas como el operativo Mochila Segura “pueden vulnerar los derechos humanos si no se siguen los protocolos adecuados” para preservar las garantías de estos segmentos de la población.
Al dar su Informe Anual 2016 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) opinó que estos problemas no deben atenderse con acciones reactivas como la revisión de mochilas en los planteles escolares.
“Hechos tan lamentables como los ocurridos en Nuevo León nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos como el acoso escolar; problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas”, expuso.
Ante 29 diputados y senadores, que representa el quórum para la última sesión de la Comisión Permanente en este receso legislativo, González Pérez indicó que aunque sean legales, las armas en casa no son la solución a los problemas de inseguridad.
Dijo además que las campañas de despistolización deben ser permanentes y fortalecerse, y que el Estado debe cumplir con la responsabilidad de proteger a sus gobernados y evitar que las personas ejerzan justicia por propia mano.
“Cada arma que se retire de la sociedad implica una posibilidad menos de que se generen nuevos hechos violentos y que se victimice a una niña, niño o adolescente”, abundó.
En el documento remitido a las comisiones de Derechos humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, refirió que el año pasado 61 mil 661 personas acudieron a la CNDH por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad.
Por ello, se inició el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales nueve mil 408 correspondieron a quejas propiamente dichas, siete mil 838 a orientaciones directas, siete mil 430 remisiones y 557 inconformidades, resaltó.
González Pérez aclaró que este número de asuntos no implicó un aumento en el rezago de los mismos, dado que a diciembre de 2016, frente a 25 mil 233 expedientes iniciados, se reportó la conclusión de 25 mil 707.
En materia de quejas, indicó que las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos fueron el IMSS con dos mil 074 casos, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con mil 619.
También, añadió, el ISSSTE con 838 casos, la Policía Federal con 660, la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 537, el Instituto Nacional de Migración con 532 y la Procuraduría General de la República con 512.
Asimismo, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) con 439, de Marina (Semar) con 258 y de Desarrollo Social (Sedesol) con 247 casos.
En cuanto a las entidades federativas, reportó que los estados con mayor frecuencia en la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron la Ciudad de México con dos mil 255 casos, el Estado de México con 751, Chiapas con 532, Tamaulipas con 453, Veracruz con 443 y Oaxaca con 422.
Respecto a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, el ombudsman nacional precisó que se registraron 216 expedientes de queja en los que se denunció tortura y 15 de desaparición forzada.
Asimismo, detalló que los asuntos relativos a presuntas violaciones a derechos humanos de periodistas se incrementaron 16.4 por ciento de 2015 a 2016, con 92 expedientes.
Recordó que el año pasado, la CNDH emitió 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, lo que implicó un aumento de 20 por ciento frente a lo registrado en 2015.
Agregó que del conjunto de recomendaciones emitidas en 2016, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas sin que se tengan pruebas de cumplimiento, mientras que en siete se acreditó la existencia de tortura y en 11 tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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