El incremento de la violencia de género persiste como el reto más importante para las autoridades frente al cual no han estado a la altura, aseguró el Observatorio Nacional Ciudadano.
A pesar de que la inseguridad en el país va en una espiral ascendente, el gobierno federal hace oídos sordos a los llamados para corregir el rumbo e inclusive presume el descenso de todos los delitos con gráficas que muestran comparativas absurdas desde todo punto de vista metodológico, cuando en realidad los datos oficiales cuentan otra historia a pesar de que ello va en detrimento de la seguridad de la ciudadanía, lamentó el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas Rodríguez.
Al presentar los resultados del “Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021”, destacó que el año que recién concluyó se destacó por ser el más violento contra las mujeres y en el que las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7 por ciento.
En este tema, Rivas Rodríguez condenó enérgicamente que Rosa Icela Rodríguez haya mentido sobre las estadísticas de feminicidio y violencia familiar durante su exposición del 20 de enero de 2022, cuando presumió disminuciones de ambos delitos cuando en realidad, estos alcanzaron su máximo histórico en 2021. “El crecimiento de la violencia de género persiste como el reto más importante para las autoridades frente al cual no han estado a la altura”, sentenció.
Por otra parte, aseguró que otros delitos también se han incrementado, tal es el caso del homicidio culposo que se incrementó 6.5 por ciento; la extorsión 12.3 por ciento, además de que las carpetas de investigación por robos a transeúnte aumentaron 10.2 por ciento; las de robo en transporte público sumaron 15 por ciento más; las de violación, 28.1 por ciento; las de trata de personas, 12.3 por ciento; las de narcomenudeo, 7.2 por ciento; las de violencia familiar, 15.3 por ciento; y las lesiones dolosas, 7.8 por ciento.
Rivas Rodríguez señaló que el caso en que estos datos no fuesen suficientes para exhibir la manera en la que el gobierno federal emite declaraciones falsas y relativiza el problema de la violencia de nuestro país, indicó que puede ser útil comparar las tasas de ocurrencia de estos delitos contra los datos oficiales de 1997 a la fecha para ver el conjunto de récords negativos acumulados el año pasado.
Serie de errores
De acuerdo al director del Observatorio Nacional Ciudadano, el incremento de la inseguridad en el país es el resultado de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y, otros tantos, de gran gravedad se derivan de la actual estrategia de seguridad, además de la insuficiencia y la ejecución deficiente del gasto público en seguridad.
Entre los errores cometidos por la actual administración, Francisco Rivas señaló que la narrativa de la ‘transformación’ no pasó el examen de la coherencia de políticas públicas, “las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus dos antecesores”.
Añadió que en cuanto a la definición de la política de seguridad sigue siendo deficiente, evidencia de ello es que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender con claridad a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos” puesto que los cinco programas sectoriales que debían haber sido publicados hace más de dos años, aún no se conocen.
También resaltó que lejos de cumplir la promesa de desmilitarizar la seguridad, este gobierno ha dado todos los poderes y recursos al Ejército, al tiempo que abandonó a las policías civiles de todo el país. “Con la creación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que sigue la formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente López privó a los mexicanos de una institución civil federal de seguridad. Pese a ello y a una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas federales los delitos siguen creciendo y es evidente que la delincuencia organizada controla cada vez más el territorio nacional”, subrayó.
Por otra parte, alude que si bien los datos de incidencia de secuestros parecen alentadores, la estadística oficial muestra evidencias de manipulación en registros. Asimismo, en esta administración se desmanteló el control de calidad de las Unidades Especializadas en Combate a los Secuestros como efecto de transformar la Comisión Nacional Antisecuestros en una oficina operativa al servicio de la Guardia Nacional.
Francisco Rivas recordó que desde el inicio de esta administración el presidente Andrés Manuel López y su gobierno prometieron ir tras los activos de la delincuencia como una forma más efectiva de combate a la delincuencia, se han bloqueado miles de cuentas bancarias pero no han logrado judicializar los casos y terminan devolviendo los activos.
Como otro de los puntos fundamentales, señaló que los desvíos del presupuesto de seguridad hacia los programas insignia de esta administración, como son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, acentuaron la erosión institucional y mermaron la capacidad de policías y fiscalías locales en prevenir, reaccionar y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.
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