“En México tenemos una figura encargada de la investigación de casos penales vinculados a temas de corrupción, el Senado no designe al fiscal especializado en el tema, esa persona es Raúl Cervantes”, ya que al no haber sido designado dicho fiscal especial, quien asume la responsabilidad es su superior jerárquico en este caso el Procurador General de la República, afirmó Juan Pardinas Carpizo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la presentación de la segunda entrega del Semáforo Anticorrupción.
En la presentación de los resultado de dicha herramienta, participaron por Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Gustavo de Hoyos, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Juan Pardinas y Max Káiser del IMCO.
Pardinas señaló que ante la ausencia del fiscal especial, el Procurador General mientras tanto “puede hacer su trabajo”, indicó que podría atraer el caso del Procurador de Nayarit, Edgar Veytia, aprehendido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y también se refirió al caso de Odebrecht, asunto que no sólo es conocido por los medios de comunicación sino que es un delito confeso.
Respecto de las aportaciones propias de la Secretaría de la Función Pública (SFP) los panelistas comentaron que es importante tener un padrón único de programas sociales y beneficiarios de los mismos, ya que nadie conoce con exactitud cuántos son y quiénes están inscritos en los mismos. Además, señalaron que esta información se complementaría con un sistema semejante respecto a las contrataciones y obra pública. Asimismo, se apoyó el llamado que hizo Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, respecto a que los funcionarios públicos obtengan sus cargos por concurso, con base en los méritos, lo que es una construcción propia de la función pública.
Gustavo de Hoyos señaló que “desde la Coparmex, aquilatamos que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se haya instalado en tiempo y forma, además señaló su confianza que bajo la presidencia de Jacqueline Pescahrd, los pasos iniciales del sistema serán dados en la dirección correcta.”
Refirió que estamos en la “recta final” para la implementación de los 32 sistemas locales, no queremos que sirvan de “tapaderas para hecho de corrupción del pasado y presente”, por lo que están acompañando este proyecto como el IMCO y con Transparencia Mexicana, el cual mide el avance de los estados en cuanto a la implementación legal de sus sistemas locales anticorrupción.
Por su parte Max Káiser, responsable del área anticorrupción del IMCO, dio a conocer los datos de esta entrega y señaló que el avance con respecto a la anterior mostró importantes progresos.
Indicó que cinco estados más respecto al periodo anterior cuentan con una reforma constitucional en términos aceptables, en tanto que otros cinco estados han presentado una iniciativa de reforma constitucional con buenos estándares.
Preocupa la situación en Morelos, Jalisco y Veracruz que aún teniendo la reforma constitucional correspondiente tiene aspectos que las confrontan con la Constitución de la República. No obstante Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco, no han presentado ningún tipo de reforma constitucional para iniciar los trabajos de implementación de sus sistemas además de que son los estados que presentan el mayor retraso .
Puebla, por otro lado, se sumó a aquellos estados con una legislación secundaria satisfactoria, inquietan las iniciativas de ley en Coahuila, ya que se presentó sin previa reforma constitucional, así como Yucatán que añade sistemas municipales anticorrupción y también Morelos.
Gustavo de Hoyos dijo que si el 18 de julio no se han completado los sistemas locales, valorarían las acciones legales a tomar.
Finalmente, señaló para YoInfluyo.com, que “la corrupción es el principal problema que tenemos en el país” misma que no permite que la actividad del gobierno “no se ejecute de manera eficaz y transparente”, y agregó que es importante combatir la corrupción ya que “hay una gran cantidad de recurso que se van a parar a bolsas de los funcionarios… tal manera que cada día que se tolere un acto de corrupción estamos perdiendo la oportunidad para que el dinero público llegue a solucionar problemas sociales”, lo que inside negativamente en el desarrollo.
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