A cuatro años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas del estado de Guerrero, no se ve una solución satisfactoria para los padres que exigen justicia a las autoridades. El tema se ha politizado de tal manera que complica una investigación seria y profunda.
El próximo miércoles 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, evento que representó el comienzo de la mala percepción ciudadana hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A pesar de las investigaciones durante estos años, tanto de las autoridades federales, organismos de la sociedad civil y expertos internacionales, al día de hoy es prácticamente imposible determinar, ya no el paradero de los estudiantes como durante años pidieron familiares de los desaparecidos, sino al menos dónde están los cuerpos de los normalistas.
Al respecto, el gobierno del presidente Peña ha presentado como la “verdad histórica” el hecho de que los 43 normalistas fueran asesinados, cremados y sus cenizas esparcidas en el cauce del río Cocula, por policías municipales coludidos con Guerreros Unidos, grupo criminal de la zona.
Dicha hipótesis ha sido rechazada permanentemente por los padres de normalistas, así como por organismos internacionales de derechos humanos. Al respecto, Amnistía Internacional México ha señalado la poca voluntad del actual gobierno federal para esclarecer el caso, por lo que “el gobierno entrante tiene entonces el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, dijo en entrevista Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía en México.
¿Qué ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014?
Con la finalidad de participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre en la Ciudad de México, estudiantes de las escuelas normalistas de Guerrero habían secuestrado camiones y combustible para trasladarse a la capital del país. Intentaron robar gasolina en la autopista del Sol; pero fueron dispersados por la policía local, posteriormente el 25 y 26 de septiembre secuestraron y robaron autobuses en Chilpancingo y en Iguala.
Con dichos autobuses los normalistas se dirigían en caravana hacia Ayotzinapa, sin embargo la policía municipal a cargo del entonces alcalde José Luis Abarca, perredista cercano al grupo criminal Guerreros Unidos e impulsado por el entonces también perredista, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente les hicieron frente y bloquearon el avance de los autobuses.
El enfrentamiento entre normalistas y policías tuvo como saldo al menos tres estudiantes muertos y varios más heridos, así como la desaparición, según los primeros reportes, de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa; posteriormente se confirmó que eran 43 los jóvenes desaparecidos.
El entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, informó que, tras ser detenidos los 43 estudiantes y por órdenes de Abarca, los normalistas fueron entregados a policías del municipio de Cocula, quienes a su vez los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Posteriormente sus cadáveres fueron incinerados y esparcidos en un río cercano.
Claroscuros en el caso de Ayotzinapa
La condena inmediata a la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa fue generalizada. Organismos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, medios comunicación, organismos internacionales; todos de una u otra manera manifestaron su repudio contra este hecho. Sin embargo, con el paso de los días, y mientras la investigación se enrarecía y la exigencia de justicia se enturbiaba con tintes políticos, algunos analistas comenzaron a develar los claroscuros del caso de Ayotzinapa.
Primero, el hecho de que las escuelas normales de Guerrero han servido como semilleros para la guerrilla en el sur del país desde los años 70, con figuras emblemáticas como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Las escuelas normalistas, antes que fungir como centros de preparación para los futuros maestros de las comunidades rurales, se volvieron centros de reclutamiento y movimientos de presión para el gobierno.
Muestra de ello fue el hartazgo manifestado por la comunidad ante pseudo maestros y estudiantes normalistas, como lo señaló en diciembre de 2007 el periodista Salomón García en su columna publicada en el diario local guerrerense “Diario 21”: La represión ejercida por la Policía Federal Preventiva en contra de los también represores y vándalos egresados de la Normal de Ayotzinapa, no mereció –bajo ninguna forma– la condena de la sociedad de la zona que ya sufre de un hartazgo ante la violencia suscitada en Guerrero.
“El conflicto originado por los egresados de la Normal de Ayotzinapa –los de más bajo aprovechamiento académico– ha sido bien aprovechado para que organizaciones sociales radicales se cuelguen de ese movimiento”.
Otro escándalo relacionado con los grupos radicales y de choque dentro de la normal de Ayotzinapa lo documentó con todo detalle el analista Luis González de Alba, quien en su columna del 19 de diciembre de 2014 recordaba que en 2011, fueron normalistas de Ayotzinapa los responsables directos de la muerte de Gonzalo Rivas. Este trabajaba en una gasolinera que fue incendiada por los normalistas al resistirse al robo de combustible. Rivas buscó cerrar las válvulas de gasolina para evitar un percance mucho mayor, al hacerlo fue alcanzado por una llamarada que le provocó quemaduras de tercer grado, quemaduras que finalmente le provocaron la muerte a pocos días del suceso.
González de Alba señalaba que fue precisamente el secuestro y robo de camiones por parte de los normalistas, lo que dio pie para que la policía local levantara a 43 estudiantes de los cuales lamentablemente ya no se tuvo noticias.
Otro de los claroscuros de este caso es que a pesar de quedar demostrada la relación del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca con la desaparición de los 43 estudiantes; de los fuertes nexos que el gobierno municipal tenía con el crimen organizado y el narcotráfico, y del espaldarazo recibido por el entonces líder perredista Andrés Manuel López Obrador, el conflicto fue manejado de tal manera que el PRD, López Obrador y grupos de izquierda quedaron exonerados ante la opinión pública. En contraste, toda la responsabilidad y escarnio recayó en la figura del presidente Peña Nieto y su gobierno, quien no supo comunicar adecuadamente los avances en la investigación del caso, acrecentando el problema; pues nunca contó con una estrategia bien definida para esclarecerlo.
A cuatro años
A cuatro años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas del estado de Guerrero, no se ve una solución satisfactoria para los padres que exigen justicia a las autoridades. El tema se ha politizado de tal manera que complica una investigación seria y profunda.
El presidente electo López Obrador ha prometido una Comisión de la Verdad sobre el caso; por su parte integrantes de Morena, como Mario Delgado y Alejandro Encinas reiteran el compromiso de su partido para llegar a la verdad de fondo.
Pero la incertidumbre sigue en el aire, pues integrantes del próximo gobierno, responsables de esclarecer el caso Ayotzinapa, son los mismos que hace cuatro años, bajo las siglas del PRD se vieron inmiscuidos, aunque de manera indirecta, en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
@yoinfluyo
