El movimiento del 2 de octubre de 1968 representó un parteaguas en la conciencia de los derechos humanos en nuestro país, señaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) consideró que los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 constituyeron un crimen de Estado. A 50 años, no debe haber “ni perdón ni olvido”, señaló su titular, Jaime Rochín del Rincón.
Precisó que a medio siglo de la masacre, México evoca a sus víctimas y las recuerda porque el tiempo no ha hecho sino fortalecer su memoria; “venimos a dignificarlas, porque la tinta oficialista no podía machar sus nombres para siempre”, expresó.
Rochín del Rincón se refirió a la primera resolución de reparación colectiva emitida por la Comisión que encabeza sobre los hechos ocurridos hace cinco décadas, misma que contempla cuatro puntos principales.
Uno, el reconocimiento de que las acciones del gobierno tuvieron una serie de impactos y daños en el ámbito individual, pero también en lo colectivo, pues se marcó la identidad de los manifestantes al señalarlos por su ideología.
Lo anterior, dijo, generó una polarización social en torno al movimiento estudiantil cuyos integrantes siguen demandando acceso pleno a la verdad, a la memoria y a la justicia.
Dos, la implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo, mediante las iniciativas Colección M68 y Ciudadanos en Movimiento, la cual consiste en una amplia recopilación de documentación en formato digital, integrado por decena de acervos públicos y privados.
“Su objetivos es preservar y divulgar la memoria, a través del acceso libre, público y gratuito a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permitan la reconstrucción de los hechos”, señaló.
Tres, la reparación simbólica colectiva que servirá de soporte a la reflexión, a la información y a la memoria, mediante la Intervención Tlatelolco 68–18, del Monumento a la Ausencia.
Este proyecto del artista Yael Bartana, inaugurado la víspera en el piso del patio central del Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde 400 pares de huellas fueron impresas para recordar a las víctimas.
“Las huellas representan el punto más alto en las versiones sobre el número estimado de estudiantes asesinados en la masacre, creando un espacio que denuncia la ausencia”, dijo el comisionado.
Y cuatro, la resolución incorpora el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción de carácter colectivo no condicionan, ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño a título individual.
Además, “se reconoce su derecho imprescriptible y el de la sociedad mexicana en su conjunto, a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos hace 50 años”.
El Comisionado Ejecutivo refirió que el movimiento estudiantil del 68 representó un parteaguas para la defensa y protección de los derechos humanos, de ahí que la Comisión lleve a cabo su primera reparación colectiva a través de medidas de satisfacción.
“Con esta reparación el Estado mexicano reconoce una de las páginas más trágicas en su historia moderna”, recalcó.
La resolución, expresó, parte de considerar que los hechos de Tlatelolco vulneraron los derechos individuales y afectaciones comunes a los derechos humanos de esa colectividad la cual sigue demandando un pleno acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia.
Recordó que la Comisión ha sido enfática en reconocer que la única vía de garantizar de manera efectiva y eficaz los derechos de las víctimas es haciendo real su derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral, de ahí que uno de los caminos posibles es la justicia trasnacional.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos. Su objetivo, señala en su portal de internet, “es que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro”.
@yoinfluyo
