La protección social universal contribuye a la prevención de la pobreza y a la contención de las desigualdades, a la mejora de las capacidades humanas y de la productividad, al fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad: OIT.
Actualmente el 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que el 53 por ciento restante que corresponde a cuatro millones 100 mil personas no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional, revela un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo al Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor, constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, pues no se logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.
Según el análisis, la protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.
La pandemia, menciona el informe, ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades y las importantes brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de la protección social en todos los países. Retos muy extendidos como los altos niveles de inseguridad económica, la pobreza persistente, el aumento de la desigualdad, la informalidad generalizada y un contrato social frágil se han visto agravados por el COVID-19.
Añade que la crisis también ha evidenciado la vulnerabilidad de miles de millones de personas que parecían salir adelante relativamente bien, pero que no estaban adecuadamente protegidas de las ondas de choque socioeconómicas que se han presentado.
A pesar de que se señala que durante la crisis generada por el COVID-19 se expandió la protección social a nivel global, aún carecen de toda protección más de cuatro millones de personas.
Guy Ryder, director general del organismo consideró que este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos, los cuales pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza.
“Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente, sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”, destacó.
Por su parte, Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, aseguró que “la protección social es una herramienta importante que puede generar beneficios económicos y sociales de gran alcance para los países en todos los niveles de desarrollo. Puede favorecer una mejor sanidad y educación, una mayor igualdad, sistemas económicos más sostenibles, una mejor gestión de la migración y el respeto de los derechos fundamentales.
“Para construir sistemas capaces de obtener resultados positivos, será necesario combinar los recursos financieros y una mayor solidaridad internacional, sobre todo en apoyo de los países más pobres. Pero los beneficios del éxito superarán las fronteras nacionales en beneficio de todos”.
⚠️Nuevo Informe Mundial de #OIT sobre Protección Social 2020-2022 señala que más de 4.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a ninguna protección social.
Revisa aquí el informe completo??https://t.co/eQJnO4uztV
— OIT (@OITnoticias) September 1, 2021
El informe de la OIT resalta que establecer la protección social universal y hacer realidad el derecho humano a la seguridad social para todos es la piedra angular de un enfoque centrado en las personas para alcanzar la justicia social. Con ello se contribuye a la prevención de la pobreza y a la contención de las desigualdades, a la mejora de las capacidades humanas y de la productividad, al fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.
Entre los hallazgos del análisis, se señala que las estimaciones sobre el gasto público indican que, en todo el mundo, solo se gasta el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en protección social para garantizar la seguridad de los ingresos de las personas en edad de trabajar.
Asimismo, refiere que la gran mayoría de los niños sigue sin tener una cobertura de protección social efectiva y, en todo el mundo, solo el 26.4 por ciento de los niños recibe prestaciones de protección social.
La cobertura efectiva es especialmente baja en algunas regiones: del 18 por ciento en Asia y el Pacífico, del 15.4 por ciento en los Estados Árabes y del 1.6 por ciento en África.
Por otro lado, indica que la crisis ha demostrado la importancia de garantizar la seguridad de los ingresos cuando las personas están enfermas, inclusive cuando están en cuarentena. Sin embargo, solo un tercio de la población mundial en edad de trabajar tiene sus ingresos protegidos por ley en caso de enfermedad.
En lo referente a la protección contra el desempleo, menciona que apenas el 18.6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo cuenta con una cobertura efectiva frente al desempleo y recibe de hecho prestaciones de desempleo.
Esta sigue siendo la rama menos desarrollada de la protección social. Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto el papel crucial que desempeñan los regímenes de protección del desempleo para proteger los puestos de trabajo y los ingresos, a través de los regímenes de conservación del empleo y las prestaciones por desempleo.
El informe de la OIT resalta que establecer la protección social universal y hacer realidad el derecho humano a la seguridad social para todos es la piedra angular de un enfoque centrado en las personas para alcanzar la justicia social. Con ello se contribuye a la prevención de la pobreza y a la contención de las desigualdades, a la mejora de las capacidades humanas y de la productividad, al fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.
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