México Evalúa hace un llamado para que en el proceso de discusión presupuestal que se llevará en los próximos días en el Congreso de la Unión se considere el gasto funcional en salud como un tema de la más alta prioridad.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, no es prioritario el gasto en salud para atender la emergencia sanitaria, al contrario, hay un recorte de 4% (128.3 mil millones de pesos), indica un análisis del Paquete Económico 2021 realizado por la organización México Evalúa.
Para el próximo año, el gasto funcional en salud se estima en 687.8 mil millones de pesos, monto a distribuir entre el IMSS, el ISSSTE, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social (FASSA), las aportaciones a la Seguridad Social, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Salud, y que incluye los servicios médicos de Pemex. Esta cifra representa un incremento real de 1.9% (13.1 mmdp) con respecto al gasto aprobado para 2020.
Sin embargo, en el presupuesto de gastos en salud aprobado para 2020 no se incluye el retiro de 40 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), el cual se contempló para financiar al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y mandatado en la reforma a la Ley General en Salud de noviembre de 2019.
Al tomarlos en cuenta, y en la argumentación de México Evalúa, así debería hacerse, el presupuesto total en salud en 2020 asciende a 716.1 mil millones de pesos, 4% por arriba del monto proyectado para 2021.
Preocupa que el presupuesto 2021 para la Secretaría de Salud asciende a 140.9 mil millones de pesos, monto que incluye un retiro adicional de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB) destinado a la atención de la población sin seguro social. Por lo que el gasto para la secretaría se seguirá “apuntalando” con recursos extraordinarios que se destinarán, seguramente, sobre la marcha al paso de los meses.
Sin embargo, esta ampliación de presupuesto será sostenible sólo hasta 2022: si las disponibilidades a junio pasado en dicho Fondo de Salud para el Bienestar fueron de 100.4 mmdp, y en lo que resta de este año se proyecta retirar 21.6 mmdp, México Evalúa estima que el saldo disponible al cierre de 2021 será de sólo 45.8 mmdp –se toman en cuenta para el cálculo los 33 mmdp del FSB proyectados en el PPEF 2021–. Como es notorio, en el mediano plazo se impone un panorama de incertidumbre para el gasto en el rubro.
El estudio concluye que para el gasto funcional en salud se propone una disminución, no un incremento, en el PPEF 2021. La intención por parte del gobierno federal de fortalecer el sistema de salud pública, aquejado por profundas deficiencias estructurales y presionado por la pandemia de COVID-19, queda en entredicho.
Recortes a otros programas de salud
Asimismo, hay otros problemas de salud pública que se están descuidando desde el presupuesto. Por ejemplo, el programa de salud materna, sexual y reproductiva tendrá un presupuesto de 2.0 mmdp en 2021, menor en 19.5% (-0.5 mmdp) al aprobado en 2020. Este programa es relevante en la atención de la mujer, al incluir servicios de anticoncepción, atención prenatal, del parto, atención a la violencia familiar, entre otros. Hay otros programas con recortes: el de Atención de VIH/SIDA y otras ITS (0.3% o -1.3 mdp); el de Vacunación (0.3% o -6.8 mdp) y el de Prevención y atención contra las adicciones (1.4% o -20.3 mdp), por mencionar algunos.
Por lo tanto, México Evalúa hace un llamado para que en el proceso de discusión presupuestal que se llevará en los próximos días en el Congreso de la Unión se considere el gasto funcional en salud como un tema de la más alta prioridad, y se establezcan mecanismos de distribución del gasto que permita enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria y las carencias estructurales del sector, por el bien de todas las mexicanas y mexicanos.
Por su parte, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a través de su coordinador Rogelio Gómez Hermosillo, afirmó que el presupuesto 2021 para la salud es insuficiente y mantienen la desigualdad. La OCDE recomienda un gasto en salud al menos 6% del PIB, la propuesta del gobierno apenas llega a la mitad: 3%, mantienen sin cambio el estancamiento presupuestal de más de una década y la reducción que se dio desde 2016.
El proyecto de presupuesto 2021 reduce el gasto per cápita para los servicios de salud casi para todos. Incluso a trabajadores del estado (ISSSTE) y del sector privado (IMSS). Pero, sobre todo, para la población sin seguridad social (INSABI) y lo más grave, también los destinados a las zonas rurales marginadas y comunidades indígenas (IMSS Bienestar). Mantiene el esquema de privilegios para los trabajadores petroleros, sin justificación alguna.
Para avanzar en el propósito de ofrecer la Cobertura Universal en Salud (CUS), la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone que en el presupuesto de 2021 el gasto en salud se incremente en un punto porcentual, es decir, se llegue a 3.5%, –unos 240 mil millones de pesos más, que deben asignarse al INSABI y al IMSS Bienestar– para igualar el piso de recursos y la calidad del servicio que recibe la población sin seguridad social.
“Las diputadas y los diputados deben pasar de las promesas a las acciones efectivas en favor de los pobres y decidirse a reformar el PEF 2021 para mejorar la salud a todos los mexicanos y romper la desigualdad histórica que afecta a los más pobres”, exhortó Gómez Hermosillo.
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