“El acceso universal a salud implica que todas y todos puedan atenderse, sin importar su afiliación laboral, el lugar donde vivan o su capacidad de pago”, expresó Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En el país, el presupuesto al sistema de salud es de 2.5% del PIB, no llega ni a la mitad de lo recomendado a nivel mundial que es de 6%.
La demanda de recursos sería equivalente a 3.5 puntos del PIB, aproximadamente 240 millones de pesos, para lo cual se requiere una reforma fiscal progresiva. Esta es una de las conclusiones a la que llegaron cuatro organizaciones de la sociedad civil especializadas en desarrollo social y gasto público, en el que coincidieron que “al sistema de salud le urge una transfusión de recursos”, con vistas al presupuesto de 2021.
Convocados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, participaron en el programa Acciones Ciudadanas, los maestros Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Mariana Campos de México Evalúa, y Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY).
El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que la reducción en el gasto público en salud de 3% del PIB en 2013 a 2.5% en 2020 ha dejado un sistema debilitado. Lo más grave es que desde 2019 se ha colocado en situación de subejercicio fiscal, descuidando la atención de enfermedades prevenibles que se han ubicado entre las cinco primeras causas de muertes en el país, como es el caso de la diabetes.
“Encontramos un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente que no previene ni cura las enfermedades. 20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social”, señaló.
Las organizaciones plantearon que un primer paso es aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los servicios del IMSS.
Un segundo paso es montar un sistema universal de salud a partir de un modelo de atención primaria que privilegie la promoción, la prevención y la atención de todas y todos los mexicanos, colocando en el centro los derechos del paciente. A partir de ese punto se puede diseñar y estructurar un modelo universal de salud.
Así como una reforma de fondo en donde se debe desvincular el derecho a la salud de la afiliación laboral. Mientras haya distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, estos esfuerzos no garantizaran el acceso universal a la salud.
“Es necesario tener un gasto público en salud que no sólo considere el corto plazo, atender la crisis del COVID-19, pero también el mediano y largo plazo, hasta alcanzar 6% del PIB en gasto público en salud”, destacó el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social
En México existen 62 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social, es decir, más de la mitad de la población carece de servicios de salud, por lo que es necesario reforzar este sistema, explicó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), en entrevista con el diario El Economista.
Detalló que para cubrir a 70% de la población de 13 servicios básicos, como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requiere de un gasto que represente 3.2% del PIB.
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