Los megaproyectos y acciones extractivas no toman en cuenta las necesidades y las economías de las comunidades que se sienten avasalladas por el llamado “desarrollo”.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, México es el cuarto país más peligroso para activistas y defensores del medio ambiente y la Tierra.
Entre las agresiones contra personas defensoras del territorio en el país se encuentran: desalojo, privación de la libertad, violencia sexual, represión de las protestas y criminalización de las personas defensoras, las cuales son sólo algunas de las expresiones de la violencia que desde el OCSA se han identificado, expresaron las investigadoras sociales Ángeles Hernández y Claudia Bucio del Observatorio.
De acuerdo con la OCSA, el 21 por ciento de los megaproyectos activos en México cuenta con denuncias sobre hechos de violencia contra defensoras y defensores del medio ambiente y el territorio. La pandemia opacó estos conflictos que siguen en aumento.
“Estamos a la expectativa de saber qué tanto la pandemia desplazó el tema de los conflictos e, incluso, en qué medidas se instaló con más fuerza un discurso con el que se busca avalar la reactivación económica a partir de la continuidad e impulso de megaproyectos”, dijo Ángeles Hernández.
La investigadora señaló que los megaproyectos y acciones extractivas no toman en cuenta las necesidades y las economías de las comunidades que se sienten avasalladas por el llamado “desarrollo”.
Las integrantes del grupo multidisciplinario que conforman el OCSA, que funciona desde el año de 2016, detallaron que el observatorio tiene información del periodo que va del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2020. Las casi dos mil notas que han sistematizado en este periodo provienen de tres fuentes periodísticas: La Jornada, Proceso y Reforma.
Tan sólo al dar seguimiento a estos tres medios de comunicación han identificado 332 conflictos en los que, además de alguna forma de acción colectiva, fueron reportadas afectaciones sociales, ecológicas o violencia. Actualmente, el Observatorio trabaja en la actualización de los datos para cerrar con el año 2020 y continuar con 2021.
De la mano de otras herramientas como los recursos legales, la interlocución política, la organización comunitaria, entre otras, el Observatorio coadyuva en la documentación y visibilización del estado actual de la conflictividad socioambiental en México.
“En el mediano plazo, el Observatorio busca construir alianza que permita que toda la información documentada hasta ahora funcione como insumo para la construcción de estrategias de incidencia más amplias”, precisaron las investigadoras en entrevista en video.
Te puede interesar: Es necesario fortalecer la autonomía de los órganos electorales
