El rezago educativo está asociado a una insuficiente e inadecuada asignación del gasto público, lo que se refleja en el diseño de un sistema educativo que no promueve lo suficiente la movilidad social, en particular, de aquellas personas con mayor desventaja socioeconómica, revela un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
El documento titulado Políticas educativas y movilidad social en México, elaborado por Emilio Blanco, destaca que la mayor parte de las políticas vigentes limitan el cumplimiento de los derechos a la educación.
En este sentido, señala que en 2023, el gasto público en este sector fue de casi el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de un punto porcentual menos que lo que se gastaba hace una década, a pesar de que la Ley General de Educación mandata un ocho por ciento y la recomendación internacional vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible apunta entre el cuatro y el seis por ciento del PIB.
El reporte muestra que las transferencias educativas directas, tanto las de Prospera como las Becas Benito Juárez han experimentado una caída en el monto de transferencia promedio y en la participación de las mismas entre la población con mayor desventaja educativa de origen.
Con respecto a los resultados de las pruebas de desempeño internacionales como PISA 2022 muestran un estancamiento e incluso una disminución en los conocimientos básicos, lo que refleja deficiencias en el sistema educativo.
Además, el análisis señala que existen problemas de cobertura y abandono escolar en educación media superior y en atención a la primera infancia.
El informa resalta que las personas cuyos padres tuvieron educación profesional tienen una probabilidad 13 veces mayor de alcanzar estudios de licenciatura que las personas con padres sin estudios. Esto se refleja en la brecha salarial, por ejemplo, una persona con estudios de licenciatura tiene un ingreso, en promedio, 70 por ciento mayor que una persona con estudios de secundaria.
El reporte plantea una propuesta de Políticas educativas con igualdad de oportunidades para la movilidad social, las cuales mencionan las siguientes:
- Implementar un programa de atención integral a la infancia, dentro de un Sistema Nacional de Cuidados, priorizando a los grupos más vulnerables.
- Convertir en política de estado la mejora y mantenimiento de la infraestructura en el nivel básico, así como la ampliación de la jornada escolar.
- Enfocar planes, programas y materiales educativos hacia la mejora sustantiva en los aprendizajes de las áreas básicas del conocimiento.
- Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y el empleo docente en los planteles de nivel medio superior.
- Implementar un programa nacional contra el abandono en el nivel medio superior, con enfoque en la prevención y reinserción a través de modalidades educativas flexibles.
- Hacer efectivo el Marco Curricular Común de nivel medio superior para homogeneizar la calidad de la oferta educativa.
- Ampliar la oferta de nivel superior y aprovechar la capacidad instalada mediante modalidades alternativas de enseñanza, especialmente en las entidades relegadas.
- Establecer un enfoque progresivo con criterio de movilidad social en las transferencias directas a los alumnos.
- Construir un Sistema Nacional de Evaluación Educativa con el fin de generar información sistemática para la mejora, priorizando las zonas más rezagadas.
- Implementar un sistema de información que evalúe la efectividad del sistema de becas y dé seguimiento a las trayectorias de los alumnos.
El documento del CEEY asegura que de seguir las recomendaciones planteadas, se reduciría el riesgo de mantener un creciente rezago educativo en las poblaciones más jóvenes, lo cual limitaría todavía más el espacio de movilidad social.
Finalmente, considera que de no asignarse los recursos a la población con mayores desventajas educativas de origen, se observará un incremento en la desigualdad de oportunidades.
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