Asociaciones de escuelas particulares pidieron al gobierno federal la cancelación de la NOM-237 al señalar que no es necesaria, además de que esta representaría una sobrerregulación.
De implementarse el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, con el que se pretende que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firme contratos de adhesión con las instituciones educativas particulares de manera obligatoria, podría ocasionar el cierre inmediato del 10 por ciento de las instituciones particulares de educación y el incremento de hasta 15 por ciento en las colegiaturas, advirtieron asociaciones de colegios privados.
Diversas organizaciones que representan a escuelas particulares que aglutinan a un alumnado de alrededor de tres millones 700 mil alumnos y 270 mil docentes, entre las que se encuentran la Alianza para la Educación Superior (ALPES), la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), entre otras, hicieron un llamado al gobierno federal para que se cancele el Proyecto de la NOM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año en curso, a fin de evitar por razones económicas la desaparición de colegios.
Señalaron que durante el proceso de consulta pública los actores ofrecieron argumentos y pruebas de la inexistencia de materia jurídica para su construcción, además de que su sola consumación significaría el cierre de 10 por ciento de las escuelas particulares en el país, las cuales no estarían en condiciones de soportar esta sobrerregulación.
María del Pilar Martínez Aragón, representante de la ANEPPI, acusó que la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia que dirige Jesús Cantú Elizondo, y sobre todo del director General de Normas, Alfonso Guati Rojo, está construyendo una NOM que, de aprobarse, generará una mayor sobre regulación en las escuelas particulares además de afectar directamente a los padres de familia.
Asimismo, denunció que hubo discriminación en contra de la red de instituciones particulares de educación toda vez que en la alerta sanitaria se les consideró como industria, y se instruyó que no podían disminuir los costos de nómina, mientras que a otras áreas si se les permitió, y a pesar de que se redujo el número de alumnos, sus costos de operación continuaron siendo los mismos.
“Nos cobraron todos los impuestos y las aportaciones al IMSS, sin ningún tipo de descuentos ni plazos que nos permitieran enfrentar de mejor forma el flujo de caja, lo que resultó en la desaparición de un número aún indeterminado de escuelas en ciclo anterior y otras que ya dejaron de dar servicio en el que acaba de iniciar”, dijo.
Para poder afrontar la carga de cumplimiento generada por la NOM-237, las instituciones particulares de educación se verían obligadas a incrementar el precio de las colegiaturas entre 12 y 15 por ciento, sólo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta tres meses y 15 días en los pagos que deben realizar los padres de familia, denotó.
La representante de la ANEPPI recordó que a principios de agosto el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia dijo que los efectos secundarios de esta NOM-237 serían, por un lado, el incremento en los costos de operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas; y por otro lado, la desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, lo que terminará afectándolos también porque la opción educativa de las instituciones particulares se contraerá.
Por su parte, Itzel Carmona, integrante del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), señaló que las instituciones educativas particulares deben contemplar los costos administrativos y operativos que se generarán por la certificación de un nuevo proceso de carácter comercial, cuando la educación es un derecho humano, y el costo de evaluación de la conformidad en los casos de verificación.
Destacó que la Ley de Metrología y Normalización permite aplicar el artículo 33, derivado de los comentarios emitidos en el proceso de consulta pública, para acreditar la inexistencia de materia jurídica para la creación de esta norma, por lo que debe cancelarse el proyecto a través de la Comisión Nacional de Normalización porque no es necesaria, ya existe una regulación, las escuelas particulares no son empresas y, sobre todo, ayudan a que el Estado cumpla con su obligación de ofrecer educación a la población que lo necesita.
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