La ley es inoperante si no existen mecanismos de garantía, políticas institucionales y públicas que, de manera efectiva plasmen y desarrollen el paradigma establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En México las personas con discapacidad carecen de un reconocimiento suficiente de sus derechos humanos, toda vez que existen barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, entre las que destacan el rezago legal, el desequilibrio presupuestal, e inclusive, la falta de parámetros confiables para conocer el número real de la población que pertenece a este sector en todo el territorio nacional, lo que impide que haya condiciones necesarias para que puedan desarrollarse integralmente.
Según el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guarda los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país, existen importantes atrasos en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre del mismo año.
A pesar de que se han realizado esfuerzos para elaborar un marco legal en cada entidad en favor de las personas con discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al investigar sobre la armonización que al respecto hay a nivel federal encontró que existe “incomprensión del enfoque de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos”, por lo que asegura que “la ley es inoperante si no existen mecanismos de garantía, políticas institucionales y públicas que, de manera efectiva plasmen y desarrollen el paradigma establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por otra parte, al estudio elaborado por la CNDH, encabezada por Luis Raúl González Pérez, indica que no se reportaron datos estadísticos adicionales al Programa de Credencial Nacional para Personas con Discapacidad que muestren el desarrollo de registros administrativos sobre el tema de atención a las personas con discapacidad; o que permitan la generación de indicadores para conocer si las acciones reportadas por las entidades federativas están teniendo un impacto real en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
En lo que respecta a las medidas de accesibilidad, en la mayoría de la República Mexicana son medianamente cumplidas, toda vez que en la mayoría de los casos corresponde a construcciones nuevas, por lo que muchos de los inmuebles que ya existían no cuentan con rampas o señalamientos para discapacitados. El organismo observó que las adecuaciones responden solo a las necesidades de personas con discapacidad física y visual, pero no para quienes padecen una discapacidad intelectual o auditiva.
El dedo en la llaga
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que debe buscarse que las personas de este sector logren la máxima autonomía e independencia, sin embargo las condiciones que prevalecen en el país únicamente se enfocan a la rehabilitación física, y dentro de estos la CNDH asegura que no se contemplan programas dirigidos a las comunidades rurales y pueblos indígenas.
Por otra parte, los programas sociales se enfocan principalmente a ofrecer apoyos económicos, pero no contemplan aspectos como alimentación, vivienda adecuada, capacitación, asistencia financiera y beneficios para jubilados. Asimismo, existen planes sobre actividades deportivas, pero no se consideran el esparcimiento, la recreación o a la cultura en su más amplia dimensión, incluyendo el acceso a teatros, cines, museos en iguales condiciones que el resto de la población.
En el plano laboral tampoco se contemplan verdaderos planes de inclusión para las personas con discapacidad, ya que solo existe la referencia al programa federal, además de que se carecen de estímulos fiscales a nivel estatal para incentivar la contratación de quienes pertenecen a este sector vulnerable.
Abrir brechas
México presenta rezagos con respecto a los compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que la CNDH aconseja a los poderes de gobierno involucrados diversas acciones a los Congresos locales de cada entidad, a los gobiernos estatales y al Poder Juddicial en los estados, a fin de impulsar cambios sustanciales.
En el caso de las legislaturas estatales, el organismo de derechos humanos propone impulsar la armonización de la legislación local de cada entidad acorde a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que en las entidades federativas se cuente con la regulación específica para proteger la integridad de las personas con discapacidad cognitiva, intelectual y psicosocial en el que se incorporen estándares del modelo de toma de decisiones.
En cuanto a los gobiernos estatales, la CNDH considera que es necesario realizar diagnósticos para determinar el impacto en el ejercicio de presupuestos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, a fin de priorizar sectores de población con discapacidad expuestos mayor riesgo de vulnerabilidad.
De la misma manera, señala que se requiere equilibrar el ejercicio presupuestal entre las instituciones del sector público y privado para eficientarlo y se brinde una cobertura amplia a las personas con discapacidad, incluidos los ámbitos rurales e indígenas.
Capacitar al personal que labora en el Poder Judicial de los estados para que conozcan y consideren los requerimientos específicos de apoyo para las personas con discapacidad.
Finalmente, la CNDH sugiera a los poderes legislativos locales colaborar con la Federación para compartir la información estadística y de investigación producida por cada entidad federativa mediante sistemas informáticos, todo ello construido desde una óptica de inclusión de quienes forman parte de este sector de la sociedad y acorde a las normas aceptadas internacionalmente para proteger la recopilación y el uso de estadísticas.
