En varios países del mundo, las medidas de austeridad y los programas de ajustes estructurales han socavado el gasto público y los sistemas de salud.
A un año de la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las peores consecuencias del abandono crónico que sufren los sistemas de salud públicos, especialmente en lo que respecta a las personas en situación de pobreza y a las comunidades excluidas. Cerca del 90 por ciento de los países registró alteraciones en sus servicios básicos de salud durante los primeros seis meses de la contingencia sanitaria.
La falta de financiación y la fragilidad de los sistemas de salud públicos impiden que tengan capacidad para realizar pruebas, rastrear, dar seguimiento y poner en cuarentena a la población, a fin de contener la propagación de la enfermedad y que puedan proporcionar una atención médica adecuada y oportuna a quienes la necesitan. Son algunas de las conclusiones del estudio que presentó Oxfam titulado “El virus de la desigualdad”.
Los datos indican que, en 2019, tan sólo los líderes del 10 por ciento de los países habían demostrado algún tipo de compromiso para con la inversión en la lucha contra la amenaza de enfermedades epidémicas, tanto en sus propios países como en otros.
En varios países, la carga de la deuda, el legado de las medidas de austeridad y los programas de ajustes estructurales han socavado el gasto público y los sistemas de salud.
Donde las personas en mayor situación de pobreza, que dependen más de los sistemas públicos, se han visto obligadas a pagar por atención médica privada, endeudándose y empobreciéndose, o bien a poner en riesgo su bienestar, e incluso su propia vida. Mientras los gobiernos no invierten lo necesario en los sistemas de salud públicos.
La población de todo el planeta tiene sus esperanzas puestas en que las vacunas logren acabar con la pandemia, pero existe el riesgo de que las personas y los países más ricos y poderosos acaparen las vacunas que resulten efectivas. Algunos pocos países, en lo que tan sólo vive el 14 por ciento de la población mundial, han comprado más de la mitad del suministro de las principales vacunas anti-COVID-19.
“Estamos viviendo una crisis de cuidados muy profunda que nos corresponsabiliza a toda la humanidad, pero que expone en mayor medida a quienes viven en peores condiciones de desigualdad. Hablo de las personas que no han tenido oportunidad de aislarse y protegerse; o quienes no tienen acceso a servicios de salud y no han podido detectar ni tratar este virus ni otras enfermedades asociadas a la pobreza; o quienes viven en hacinamiento o sin servicios básicos como agua potable y tienen que salir para poder sobrevivir”, dijo Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
“La pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de cambiar la forma en la que vivimos. Sólo la cooperación y la colaboración nos podrán rescatar de sus efectos. Si se utilizara la riqueza acumulada durante la pandemia de las 12 personas más ricas de México, se podría cubrir dos veces el gasto programado del IMSS 2021 en servicios de salud y alcanzaría para comprar las dosis suficientes para vacunar a toda la población”, concluyó.
Pandemia pega a la educación
En 2020, más de 180 países cerraron temporalmente sus centros educativos y, en el peor momento, mil 700 millones de estudiantes dejaron de poder ir a la escuela. Según las estimaciones, la contingencia sanitaria revertirá los avances realizados durante los últimos 20 años con relación a la educación de los niños, la cual se traducirá en un incremento de la pobreza y la desigualdad.
Datos del Censo 2020 del INEGI señalan que en México el 52.1 por ciento de las familias tiene internet y 37.6 por ciento cuenta con computadoras o laptops, lo cual dificultad la educación a distancia y el trabajo en casa.
Oxfam indica que es posible poner en marcha políticas transformadoras que ante la crisis eran impensables. La ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible.
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