Para retomar las actividades normales en el país es necesario que las autoridades cuenten con información más completa y confiable, de lo contrario la propagación del COVID-19 sería peor que la actual.
Debido al reducido número de pruebas realizadas, así como al alcance limitado de la red de instituciones de salud pública encargadas de monitorear el nivel y evolución de los contagios de COVID-19 en el país, es altamente probable que por el momento no se cuente con información suficiente para dar inicio a una estrategia de levantamiento de las medidas preventivas de contagio, destaca un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al considerar que las autoridades cuentan con insuficiente información para medir el riesgo de propagación del virus, toda vez que únicamente se obtiene mediante el Modelo Centinela, la visión de la problemática es parcial y se corre el peligro de que se presenten escenarios como en Chile, donde se registró un repunte de contagios de COVID-19 tras la implementación de medidas más laxas de confinamiento.
“Debido a los vacíos de información y el bajo número de pruebas para monitorear casos de COVID-19 a nivel local, el número de casos confirmados no debe ser la única métrica para definir que un municipio o entidad está listo para regresar a la normalidad. El proceso de implementación de un plan de reapertura debe identificar las zonas que pueden verse más afectadas”, resalta el estudio.
Riesgo y propagación
El análisis señala que no todas las zonas metropolitanas tienen los mismos patrones y tendencias de casos confirmados ni de peligro de propagación, y observó que los municipios de la esperanza también están en riesgo. “El 50 por ciento de la población que habita en localidades originalmente definidas como municipios de la esperanza se encuentra en zonas de alto o muy alto riesgo de propagación. La presencia o ausencia de casos en esas localidades o sus vecinos no es un indicador suficiente para determinar la capacidad de abrir sus actividades a la normalidad”.
Como una contribución, el análisis del IMCO sugirió cuatro medidas para que con base en datos más confiables se tomen decisiones para reiniciar las actividades en el país.
En primer lugar, propuso evaluar la posibilidad de reapertura a nivel local y nacional con base en indicadores de riesgo de propagación, vulnerabilidad de la población, estructura económica y la extensión y profundidad de casos confirmados. El riesgo de contagio, la prevalencia de casos de COVID-19 y el riesgo de las poblaciones más vulnerables debe marcar la pauta para la apertura de actividades.
En segundo lugar, señala que el gobierno federal debe financiar e implementar una campaña de pruebas masivas y de rastreo sistemático para evitar rebrotes. Esto incluye no sólo identificar personas con síntomas graves, sino asintomáticos y personas con las que han tenido contacto. Con estos datos es necesario incluir en la metodología de semáforos locales la tendencia a la baja de casos confirmados, y no únicamente el nivel de contagio.
Como tercer punto destaca que es fundamental que se eliminen obstáculos regulatorios a fin de agilizar la importación de pruebas e insumos básicos para su manufactura, así como permitir su aplicación en instituciones privadas.
Y como cuarta propuesta, considera necesario generar planes de apoyo económico, específicamente para los municipios más vulnerables, que les permitan resistir la contingencia y recuperarse posteriormente, además de guardar la sana distancia.
Entre los programas que puede servir de soporte y sostén para las pequeñas y medianas empresas (pymes) son los apoyos directos y créditos con lo que pueden en este tiempo ayudarlos a solventar el pago de sus nóminas. Asimismo, les beneficiaría ser sujetos de incentivos fiscales, condonación y aplazamiento de impuestos.
El estudio destaca que para apoyar a las personas que debido a la pandemia perdieron su empleo, así como a las familias económicamente más golpeadas por la falta de recursos, las transferencias directas en especie o ampliando los programas sociales son opciones viables.
El IMCO consideró que “debe existir total transparencia en la metodología de semáforo anunciada por el gobierno federal con el fin de que expertos, centros de investigación, académicos y organizaciones de la sociedad civil tengan información que permita generar mejores propuestas de política pública para el proceso de reapertura, y fortalecer el proceso de comunicación con los ciudadanos.
“Más datos permiten a la sociedad civil participar en la socialización de información sobre la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias de cuidado”.
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