El proceso de militarización ha avanzado independientemente del partido político en el poder, por lo que el papel de las universidades es generar reflexión.
Las Fuerzas Armadas tienen asignadas 246 funciones civiles, muchas de las cuales no tienen que ver con la seguridad nacional, como es la vacunación contra COVID-19 o la construcción de aeropuertos, por lo que es urgente cambiar el modelo de seguridad fallido, coincidieron especialistas.
Investigadores, académicos y especialistas en seguridad que participaron en la mesa de análisis: La grave crisis de seguridad y su militarización, con la cual dio inicio la decimocuarta edición del foro Derechos Humanos del Sistema Universitarios Jesuita (SUJ), que se llevó a cabo en el ITESO de Guadalajara como sede.
Señalaron que el Ejército y la Marina están asociados con los trabajos de rescate después de los desastres naturales, lo que a la gente le parecía bien. Después, salieron de los cuarteles para enfrentar a la delincuencia organizada, lo cual también le agradó a la población.
Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México, mencionó que actualmente el modelo de seguridad en el país se rige por “un paradigma fallido que se produce a sí mismo y, por lo tanto, la tiene ganada”.
El académico explicó que el proceso de militarización ha avanzado independientemente del partido político en el poder, por lo tanto el papel de las universidades es generar reflexión y construir pedagogías en tono a un paradigma de seguridad diferente, uno que ponga a las personas en el centro y pugne por los derechos humanos porque, señaló, “la seguridad no puede funcionar contra los derechos de las personas”.
Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez (Centro Prodh), señaló que en materia de seguridad el país está viviendo un profundo retroceso y advirtió de tres riesgos de seguir con el despliegue militar: no es una política efectiva, las Fuerzas Armadas son reacias a la rendición de cuentas, y a mayor militarización, más violencia a los derechos humanos.
Al tomar la palabra Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Juárez, del ITESO, expuso que las 246 funciones que se han militarizado, 140 no tienen información pública sobre el presupuesto que se les ha asignado, además de que han recibido esas tareas “con acuerdo o convenios de difícil acceso fundamentados en artículos muy genéricos. Pareciera que ni siquiera son necesarias las reformas para darles más funciones”, dijo.
Los tres investigadores coincidieron en que es necesario que los otros poderes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Congreso de la Unión actúen como verdaderos contrapesos.
“Debemos desmontar una política de seguridad que beneficia a muy pocos y lastima a muchísimas personas”, concluyó Ernesto López Portillo.
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