México es la cuarta nación más afectada por la criminalidad, de acuerdo con el índice Global de Crimen Organizado 2021.
El gobierno federal debe elevar el gasto para la seguridad nacional que actualmente oscila en el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significa unos 328 millones de pesos, así como hacer eficiente el sistema de justicia penal y atacar paralelamente a otras organizaciones criminales de alto impacto, dijo Alejandro Desafassiaux, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).
El especialista en seguridad agregó que además de atender bilateralmente las causas estructurales de violencia para reducir el número de homicidios, es necesario que localmente se consoliden políticas públicas integrales de parte de los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo económico del país, elevar el nivel educativo de la población e involucrar más activamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular las finanzas del crimen organizado.
“Nos encontramos a la mitad de un sexenio sumamente violento donde México tiene el mayor mercado criminal del mundo y además ocupa el cuarto lugar de criminalidad en general, de acuerdo con el índice Global de Crimen Organizado 2021, y, sin considerar la colaboración estadounidense en la materia, el país continúa sin rumbo en la estrategia”, expresó Desafassiaux.
El presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) señaló que todo esto es resultado de haber desaparecido a la Policía Federal y la Gendarmería sin un plan para retener a mandos estratégicos, ni aprovechar el conocimiento y la experiencia adquirida. “Fue un retroceso con estos cuerpos de seguridad pública que desaparecieron de un plumazo”, recalcó.
Por último, Alejandro Desafassiaux mencionó que con el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos y la intensificación de acciones coordinadas en términos de seguridad, el gobierno federal incurre en contradicciones en su estrategia basada en “abrazos, no balazos”.
“No hay que perder de vista que las nuevas acciones bilaterales coordinadas muy probablemente representan el último recurso antes de que la milicia estadounidense decida intervenir para desarticular directamente a los cárteles mexicanos, que son el principal problema para su seguridad interna, de acuerdo con la DEA”, finalizó
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