La Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral en el que se pretende que los niños y jóvenes se vayan familiarizando con prácticas propias de la democracia.
Menores de edad de 6 años a 17 años quieren un México mejor, para ellos y sus seres queridos. Quieren ser tomados en cuenta en las decisiones del gobierno. Por ello, 5.6 millones de niños y adolescentes participaron en la última Consulta Infantil y Juvenil 2018 en la que demandan mejoras.
Los niños y adolescentes coinciden en que es necesaria la erradicación del maltrato escolar, de la corrupción y de la violencia, así como cuidar el medio ambiente y una mejor policía. Asimismo, los menores de edad piden que se hagan esfuerzos por mejores escuelas y espacios públicos, becas e igualdad de oportunidades.
La consulta se llevó a cabo del 17 al 25 de noviembre de 2018, y los resultados se dieron a conocer en abril pasado, ya van cuatro meses la publicación de las exigencias de los menores de edad, tiempo suficiente para que las autoridades haya echado un vistazo a la exigencias de los pequeños.
La consulta se divide en tres grupos de acuerdo a la edad, niños de 6 a 9 años de edad; niños de 10 a 13 años edad; y adolescentes 14 a 17 años de edad.
En esta edición, el número de participantes llegó casi al doble con respecto a la consulta anterior del 2015. Del 17 al 25 de noviembre de 2018, 5 millones 671 mil 384 acudieron a los módulos en los que se instalaron en escuelas y plazas públicas. En la consulta de 2015 apenas respondieron al llamado 2 millones 916 mil 686 de niños y adolescentes.
A continuación se presenta un breve análisis sobre qué tanto ha avanzado el gobierno desde que se dieron a conocer los resultados en abril.
Bullying
El combate contra el acoso escolar es un gran reto para el gobierno. El llamado bullying afecta a siete de cada 10 niños y adolescentes, de acuerdo con un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, México ocupa el penoso primer lugar a nivel internacional en casos de bullying escolar en educación básica. En nuestro país afecta a 8 millones 781 mil 875 alumnos de educación básica, tanto en primaria como en secundaria.
A pesar de las campañas que se han implementado en las escuelas, no han sido suficientes, pues según el estudio en los últimos dos años aumentó el número de víctimas de este mal escolar que se presenta en las aulas.
Seguridad
Así como los adultos, los niños también han percibido inseguridad en el ambiente en el que se desarrollan, por lo que demandan mejoras en la materia, “calles más seguras” exigen. En el segundo trimestre del año, la percepción de inseguridad mejoró apenas unos puntos porcentuales, de marzo a junio bajó de 74.6% a 73.9%
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) considera que la disminución no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los resultados del año pasado que era de 75.9%.
Educación
En el ámbito educativo, los menores de edad piden que haya más y mejores escuelas. Los resultados de la implementación del nuevo modelo educativo del régimen actual están por verse. Sin embargo, debieron atender aspectos generales que se han venido arrastrando.
De acuerdo con extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) algunos de los grandes desafíos para garantizar el derecho a una educación de calidad son consecuencia de la desigualdad social y la distribución inequitativa de los servicios educativos, y es que, por ejemplo, hay aún hay sectores de la población que no tienen garantizado el acceso a la educación.
Pobreza
“Ayudar a los pobres”, demandan los niños y adolescentes. En este aspecto los gobiernos se han quedado sin avances reales. En 10 años, la pobreza sólo logró disminuir unos puntos porcentuales, de 2008 a 2018 pasó de 44.4% a 41.9%. Son necesarias políticas públicas y económicas para disminuir la cifra de 52.4 millones de mexicanos que viven en pobreza. Veremos si en la actual administración se aplica aquello de “por el bien de México, primero los pobres”.
Corrupción
Los pequeños piden erradicar la corrupción, “que el gobierno no robe”, “honestidad de los gobernantes”, “no robar los recursos públicos”. La gran promesa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, la cual deberá cumplirse o decepcionará tanto a los que votaron por él como a los niños y adolescentes.
Sin embargo, algunas de las acciones que se han hecho desde el gobierno federal y que, posteriormente son justificadas, tienen toda la finta de actos de corrupción. Un ejemplo de ello es la adquisición de pipas para Pemex sin licitación alguna. O cuando se modificó la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que un español de nacimiento, propuesto por el mandatario, pudiese ocupar el cargo que director del Fondo de Cultura Económica.
Empleo
Contrario a las demandas de niños y adolescentes, en el segundo trimestre de 2019, la población sin empleo ascendió a 2 millones de personas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Lo que representa el monto más elevado desde el tercer trimestre de 2016. La tasa de desocupación fue de 3.5% de la población económicamente activa.
Becas
Los tres grupos de niños y adolescentes consideraron importante la existencia de becas. En pasadas administraciones como en el actual ciclo escolar se han lanzado convocatoria para todos los niveles educativos.
Medio ambiente
A los niños les preocupa preservar el medio ambiente, por eso piden un “mayor cuidado de la naturaleza”. Ésta es una oportunidad para que el actual gobierno demuestre que es mejor que los anteriores. Aún no se han escuchado grandes propuestas, pero en beneficio de los niños tendrán que hacerlo.
La Consulta Infantil y Juvenil es una actividad organizada por el Instituto Nacional Electoral para que niños y adolescentes cuenten con un espacio en el que se puedan expresar libremente, además para que los menores de edad pongan en práctica el derecho a participar.
Se prevé que los resultados de la consulta sean contemplados por las instituciones públicas correspondientes impulsen acciones o medidas que atiendan a las demandas de los infantes.
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