La propuesta, que pasó al Ejecutivo Estatal y aún debe publicarse en el periódico oficial, surgió de dos iniciativas presentadas por las legisladoras Verónica Anrubio Kempis (Partido Nueva Alianza) y Edi Margarita Soriano Barrera (Morena), quienes plantearon reconocer el derecho de la niñez y de las y los adolescentes, a elegir libremente el uniforme escolar de su preferencia.
Cabe recordar que en 2023 en la Ciudad de México una iniciativa con la misma finalidad fue promovida por la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a pesar de ser aprobada por el Congreso local no se aplicó debido a la inconformidad de varios grupos de padres de familia.
De acuerdo a las diputadas morelenses que impulsaron esta propuesta aseguraron que con “esta iniciativa se cumple con el objetivo de reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes; el derecho al uso de uniforme neutro, y a la no restricción en sus derechos motivada por su apariencia física”.
La diputada Soriano Barrera, (presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual y de la Comisión de Educación y Cultura, así como secretaria de la de Igualdad de Género) sostuvo que en la exposición de motivos de este proyecto conjunto, se argumenta que “la existencia de un uniforme exclusivo para mujeres y hombres representa un estereotipo de género, ya que es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre las características o los papeles que desempeñan las mujeres o hombres”.
La propuesta conjunta señala que “de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en nuestro país viven 64 millones de mujeres y 61 millones de hombres, por lo que la igualdad de género, además de derecho fundamental, es de suma importancia para lograr sociedades capaces de desarrollarse de forma sostenible”.
Finalmente, se señala que el artículo 24 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puntualiza que: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
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