Cuando los derechos laborales son transgredidos por empleadores en detrimento de los trabajadores, o viceversa, la instancia encargada de resolver legalmente los conflictos son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que en breve desaparecerán para dar paso a los Centros de Conciliación y Registro Laboral.
Despidos injustificados, resolución de huelgas o incumplimiento de contrato son algunos de los casos que son atraídos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federal a fin de dirimir desacuerdos entre los empleadores y sus colaboradores basándose en la normatividad laboral que regula la actuación de ambas partes.
En los centros de trabajo es probable que lleguen a presentarse desacuerdos los cuales, a veces, pueden ser irreconciliables entre los involucrados, por lo que requieren desahogarse de forma legal a fin de equilibrar las cosas entre los interesados y para que se actúe con justicia entre las partes en conflicto. La institución legal que tiene la autoridad para dirimir las controversias laborales es la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA).
Cada estado de la República cuenta con una junta local de Conciliación y Arbitraje, que tiene jurisdicción en la entidad a la que pertenece, además existe la junta federal que se encarga de conciliar e impartir justicia en las relaciones laborales de jurisdicción federal.
Las JCA se componen por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones y uno del gobierno. De esta manera, se tiene un equilibrio representativo de ambas partes en conflicto y un moderador (representante del gobierno) quien interviene para ayudarlos a negociar y encontrar acuerdos.
Les tocan las golondrinas
Las causas por las que ya no existirán las JCA son el largo tiempo que tardan en resolverse las controversias laborales; la insuficiencia de personal para desahogar las demandas o arreglos entre empleadores y trabajadores, además de la intención de erradicar el “coyotaje” que es una fuente de corrupción que se da entre algunos demandantes y demandados, prácticas todas éstas que genera gastos innecesarios además de rendir pobres resultados.
Las pérdidas económicas y sociales que los conflictos laborales no resueltos arrojan dañan severamente al país. Durante el primer trimestre de 2019 sumaron 14 mil 644 trabajadores pararon laborares como resultado de diversos estallamientos de huelgas en el país. Esta cifra representa la pérdida de 307 mil días-hombre en ese periodo, pero al tomar como referencia desde el inicio de cada uno de los paros, suman casi 700 mil horas-hombre perdidas, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Por ello se requieren organismos profesionales, autónomos y confiables que lo más pronto posible arreglen los conflictos en materia laboral.
Con la reforma laboral recientemente aprobada desaparecieron las JCA, lo que no significa que las tareas que venían cumpliendo sean hechas a un lado, sino que serán asumidas por Tribunales Laborales en el Poder Judicial que estarán a cargo de los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral, y un centro para cada entidad.
La intención de este cambio es que con los nuevos centros de conciliación se imparta justicia en materia laboral con juicios orales mucho más cortos, más expeditos, más modernos, más ágiles y más eficientes.
Asimismo, estos centros estarán a cargo del registro de todos los contratos colectivos de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como establecer un Servicio Profesional de Carrera, seleccionar mediante concurso abierto a su personal, y tener planes de capacitación y desarrollo profesional.
Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, cada uno de los cuales tendrá el número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se prevé que en tres años comiencen a operar los Centros de Conciliación.
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