En los últimos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que implica la desaparición del Inai. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (como lo indican sus siglas) ha sido el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en México. Desde su creación, ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
La reciente decisión de su desaparición ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, ya que las constantes y poco éticas decisiones del oficialismo representan un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública. La reforma establece la creación de un nuevo organismo, denominado Transparencia para el Pueblo, que estará bajo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y asumirá las funciones que anteriormente desempeñaba el Inai.
Además, las leyes secundarias aprobadas en el marco de esta reforma permiten que el gobierno niegue información en casos que comprometan proyectos prioritarios o la seguridad nacional. Esta medida ha sido criticada por opositores, quienes argumentan que podría afectar negativamente la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
Pero, ¿Por qué surge la decisión de eliminar a toda costa al Inai?
El gobierno ha argumentado que el Inai se había convertido en un ente burocrático, costoso y opaco, justificando su eliminación por presuntas irregularidades y malos manejos. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “como organismo autónomo, el INAI no tiene ningún sentido que permanezca”, sugiriendo que sus funciones podrían ser absorbidas por otras dependencias gubernamentales, como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
¿Qué se esconde detrás de la decisión?
Aunque las razones oficiales apuntan a una búsqueda de eficiencia y reducción de costos, analistas y expertos sobre el tema sugieren que la desaparición del Inai podría estar motivada por un deseo de centralizar el control sobre la información pública por parte del oficialismo, quienes en su lucha por sobresalir por delante de los opositores han eliminado rastro de todo organismo impuesto por gobiernos anteriores. Al trasladar las funciones de transparencia a una dependencia de poder ejecutivo, se corre el riesgo de que el gobierno tenga mayor discrecionalidad en la gestión y divulgación de la información, lo que podría afectar la rendición de cuentas.
¿Cómo se beneficia Morena y aliados?
El actual gobierno obtendrá un mayor control sobre la información que se hace pública. Esto permitiría una gestión más centralizada y potencialmente menos transparente de los datos gubernamentales, reduciendo la capacidad de organismos independientes para supervisar y cuestionar las acciones del gobierno. Un ejemplo de ello nos hace remontarnos años atrás, cuando el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador mostró datos privados del periodista Loret de Mola en su conferencia matutina que encabezaba el ex presidente. Un atentado a los datos e información de cada individuo.
¿Qué pierde México con la desaparición de este tipo de órganos?
La desaparición del Inai representa una pérdida significativa en términos de transparencia y acceso a la información en México. Durante sus años de funcionamiento, el INAI recibió más de 4.22 millones de solicitudes de información, contribuyendo a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la democracia.
Además, la desaparición del Inai ha dejado en un limbo laboral a más de 700 trabajadores, generando incertidumbre y protestas. La falta de claridad sobre su futuro y la ausencia de recursos para liquidaciones adecuadas reflejan una planificación deficiente en la transición.
Más allá del discurso oficial que justifica esta medida como una búsqueda de eficiencia administrativa, la realidad sugiere que el país está dando un paso atrás en materia de rendición de cuentas. Sin un órgano autónomo que garantice el acceso a la información, el poder queda menos supervisado y la ciudadanía más desprotegida ante decisiones que afectan su vida diaria. El gobierno, al asumir el control sobre la transparencia, se convierte en juez y parte, lo que abre la puerta a una opacidad peligrosa para el ejercicio democrático.
México, un país que ha luchado por décadas para construir instituciones que garanticen la rendición de cuentas, hoy enfrenta el riesgo de perder lo avanzado. La transparencia no es un lujo ni una carga burocrática, sino una garantía fundamental para evitar abusos de poder y fortalecer la confianza en las instituciones. El desmantelamiento del Inai debería ser motivo de preocupación para toda la sociedad, pues su ausencia podría dar paso a un gobierno con menos control y ciudadanos con menos derechos.
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