El hallazgo de fosas clandestinas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha encendido las alarmas sobre la crisis de desapariciones y homicidios no solo en el estado, sino en todo el país. Desde hace semanas el colectivo de madres buscadoras ha realizado excavaciones en la zona, encontrando restos óseos que podrían pertenecer a varias personas reportadas como desaparecidas. Este hecho se suma a la preocupante situación de Jalisco, una de las entidades con más casos de privaciones de su libertad en México.
Las investigaciones hasta el momento apuntan a la posible operación de grupos criminales en la región y a la falta de acción oportuna por parte de las autoridades. La ubicación de estas fosas clandestinas ha reavivado el debate sobre la violencia en el estado y el papel del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
¿Teuchitlán, el único infierno de desapariciones?
El caso del rancho Izaguirre no es un hecho aislado. En las últimas dos décadas, diferentes estados del país han registrado lo que la sociedad y los medios han denominado “campos de exterminio”. De acuerdo con informes, al menos cinco entidades han sido identificadas con este fenómeno, donde los grupos criminales eliminan a sus víctimas en zonas alejadas y de difícil acceso.
Ejemplos de estos hallazgos incluyen a Tamaulipas, con el caso de San Fernando; Veracruz, con Colinas de Santa Fe; y Jalisco mismo, con la fosa de El Mirador. En todos estos casos, la sociedad ha quedado impactada por la magnitud de los crímenes, los restos óseos que pasaban de los 500 restos, y la falta de respuestas claras de las autoridades.
Teuchitlán hace remontarnos al 2009, momento de la primera aparición de este tipo en el país. Si bien este suceso no se dio en un rancho, en aquel entonces el líder del Cártel de Tijuana, Santiago Meza López, conocido como “El Pozolero”, confesó haber disuelto unos 300 cuerpos en sosa cáustica en predios ubicados en las afueras de Tijuana durante nueve años.
En el contexto actual, Teuchitlán ha sido comparado con Ayotzinapa, el caso que marcó la administración de Enrique Peña Nieto debido a la desaparición de 43 estudiantes en 2014. La similitud radica en la incertidumbre, la impunidad y la manipulación política en torno a la investigación. Tanto en Ayotzinapa como en Teuchitlán, los familiares de las víctimas han denunciado irregularidades en las pesquisas y la falta de compromiso del gobierno en la búsqueda de la verdad.
A nivel político, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha reaccionado a las críticas con una postura clara: defender a los integrantes de su partido y desviar la responsabilidad hacia administraciones pasadas. En recientes declaraciones, se señaló la existencia de una supuesta “campaña sucia” en redes sociales, presuntamente financiada con 20 millones de pesos en cuatro días, para desacreditar su gestión. Además, se ha insistido en culpar a los gobiernos panistas y a la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón como el origen del problema de violencia que hoy enfrenta el país.
A una semana de los hechos, no hay respuesta
La crisis de desapariciones en México no es un problema de un solo sexenio ni de una sola entidad; es un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo y que requiere una respuesta integral y efectiva. La sociedad juega un papel crucial en la exigencia de justicia y transparencia. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada, apoye a los colectivos de búsqueda y demande acciones concretas a las autoridades.
Por su parte, el miedo y la incertidumbre a una semana de los hechos ha vuelto a aparecer, ahora en redes sociales. Un vídeo publicado en la plataforma “X”, se hizo viral al mostrar a presuntos integrantes del CJNG, amenazando la libertad de expresión de las madres buscadoras en el país, y convenciendo a la sociedad mexicana de que los colectivos solo buscan ensuciar la imagen del narcotráfico moldeando la narrativa de los hechos.
La memoria de las víctimas y el derecho de sus familias a conocer la verdad no pueden quedar en el olvido ni ser utilizados como moneda de cambio política. La participación activa de la sociedad es clave para frenar la impunidad y exigir que este tipo de crímenes no se repitan. Hoy, más que nunca, es momento de influir.
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