Ante las dificultades causadas por el COVID-19, el CCE pidió al gobierno federal una serie de medidas para facilitar a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales.
Entre los daños colaterales generados por el COVID-19 está la afectación en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno que decrete medidas que faciliten a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias, ya que debido a la contingencia sanitaria es complicado llevarlas a cabo como lo estipula el calendario fiscal.
El organismo indicó que “no pide ningún tipo de reducción en los impuestos”, sin embargo, son necesarias medidas urgentes en el lapso que dure la epidemia que permitan a las empresas contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo en el país.
Por tal razón, la cúpula empresarial propuso cinco puntos para que el gobierno tome en cuenta y emita un decreto que sirva como contención de mayores perjuicios a la economía nacional.
1) Diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante seis meses, o permitir enterar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.
2) Permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020.
3) Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.
4) Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.
5) Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.
El organismo recordó que ante el paro de labores que el mundo se ha visto obligado a realizar, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica.
Oídos sordos
Recientemente el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, hizo un llamado para que los gobiernos en el mundo pongan en marcha acciones coordinadas para combatir las amenazas sanitarias, económicas y sociales consecuencia del COVID-19.
Entre las medidas propuestas, propuso “el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos; la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis; la simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA; diferimiento de pagos de impuesto y derechos a la importación de mercancías; diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores”.
En México de acuerdo con el calendario de obligaciones fiscales, este martes 31 de marzo concluye el plazo para que las personas morales presenten su declaración anual, y el 30 de abril es el último día para que las personas físicas cumplan con esta obligación.
A pesar de que diversos organismos y particulares han pedido, que ante las actuales condiciones de emergencia, se otorgara una ampliación del plazo para presentar la declaración anual, el Sistema de Administración Tributaria negó cualquier posibilidad de extender la fecha. De hecho, en la conferencia mañanera del 19 de marzo, el mismo Andrés Manuel López Obrador descartó esta posibilidad y dijo textualmente:
“Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos ni impuestos nuevos. Eso sí, mantener la misma política fiscal, no como antes (se hacía), que había una crisis y a aumentar los impuestos”.
Nuestra institución hace un llamado a la solidaridad de las y los contribuyentes para enfrentar la emergencia sanitaria.
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En contraste, es de destacar que Italia, Estados Unidos, Francia y Canadá son algunos de los países que suspendieron el pago de impuestos como parte de las medidas económicas en apoyo a su población y empresas que se han visto afectadas por el paro de actividades que han tenido que realizar por el COVID-19.
El Consejo Coordinador Empresarial subrayó que no está pidiendo que se condonen impuestos, sino que se amplíen plazos y se difieran pagos para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Además, externó que los contribuyentes han enfrentado serias dificultades en los días recientes en su interacción con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.
El IVA y el ISR representaron, juntos, 48.6 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal en 2019. Los ingresos tributarios totales representaron el 59 por ciento del dinero público.
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