Las dos órdenes de suspensión de las obras del aeropuerto de Santa Lucía emitidas por el Poder Judicial de la Federación representan un triunfo para la sociedad civil organizada.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a abstenerse de continuar con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir, determinó el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México.
La resolución de la suspensión definitiva de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, es un importante triunfo para la sociedad civil organizada que conforma el colectivo #NoMásDerroches que se dio a la tarea promover 147 juicios de amparo individuales en la Ciudad de México y el Estado de México ante el Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con las querellas promovidas por despachos de abogados, ciudadanos que son usuarios del aeropuerto, pilotos aviadores y pobladores de Texcoco y Santa Lucía se destaca que el proyecto aeroportuario carece de Manifestación de Impacto Ambiental lo que impide conocer de qué manera afectaría a la zona que ocupan áreas naturales protegidas y el lago de Zumpango.
Además, en dicha región se han encontrado vestigios arqueológicos de culturas prehispánicas e inclusive restos de mamuts, por lo que la organización civil considera que es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleve a cabo labores de salvamento arqueológico, histórico y paleontológico en el lugar.
Una semana antes el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México, ordenó una suspensión provisional debido a que el demandante Juan Ramón Morera Mitre, director de la empresa textilera Novalan, S.A. de C.V., quien también pertenece al colectivo #NoMásDerroches, argumentó que la ejecución del aeropuerto de Santa Lucía estaba proyectaba sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental.
“Se concede al quejoso la suspensión provisional de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente”, indica la resolución.
Mientras la suspensión provisional es sólo por unas semanas hasta que el juez tuviera tiempo para estudiar y celebrar una audiencia para decidir si la interrupción duraría el resto del juicio o no, en tanto que la suspensión definitiva detendrá la obra lo que dure el juicio, lo que pueden ser años, sin embargo, está condicionada a que se haga una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) conforme a las leyes vigentes y que el INAH estudie y haga un plan de salvamento del patrimonio cultural que se encuentra en la zona.
Estas resoluciones son temporales y aún falta el desahogo de 145 juicios de amparo interpuestos por integrantes de #NoMásDerroches quienes esperan que estas suspensiones se deriven en sentencias para que se resuelva la cancelación definitiva del aeropuerto de Santa Lucía.
Quiénes son y qué buscan
El conglomerado No más Derroches está integrado por ciudadanos, abogados y diversas organizaciones entre las que se encuentran Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (Comexdh), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Los integrantes del colectivo han expresado que esta agrupación no está en contra del actual gobierno, sino de que se despilfarren miles de millones de pesos en construir proyectos que se desconoce si son viables o no.
La agrupación aseguró que seguirá recurriendo a la vía legal en contra de cualquier otro proyecto de infraestructura que conlleve el desperdicio de recursos públicos, daños al medio ambiente y violación de los derechos sociales de los mexicanos.
Por otra parte, manifestaron su satisfacción por las dos resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación con lo que se demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones apresuradas e injustificadas del Poder Ejecutivo y genera un nuevo precedente importante.
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