Sapién Santos dijo que existe una competencia desleal con las policías auxiliares que ofrecen servicio de seguridad privada, pero son elementos de seguridad pública.
Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada en el país no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos, aseguró Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Estimó que en el territorio mexicano existen alrededor de seis mil firmas de seguridad privada, pero como no hay un censo, se desconoce con exactitud el número de empresas que operan en la “clandestinidad y en la oscuridad”.
“Calculamos que más del 76 por ciento de empresas no cumple con llevar a cabo el pago correcto de sus impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de tres mil empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley”, afirmó a través de un comunicado.
Mencionó que hay una competencia desleal con las policías auxiliares que ofrecen servicio de seguridad privada, pero son elementos de seguridad pública. Aunado a ello, dijo, el sector ha caído en una situación de sobrerregulación. “Hay más sanciones para las empresas que están debidamente reguladas”, puntualizó.
El presidente del CNSP destacó la existencia de firmas que no pagan el seguro social de sus trabajadores, lo que implica que cuando los elementos sufren algún accidente de trabajo o son víctimas de la delincuencia, la carga de su salud es para al Estado.
“Al no estar a la vista estas empresas, no son fiscalizables, no son auditables y tampoco son materia de que se les pueda censar cuántos elementos tienen trabajando y en qué servicios los tienen, a diferencia de las empresas que están bien reguladas que son identificables, son auditables y son sujetas de diversas visitas por parte de la autoridad”.
Sapién Santos resaltó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada. “Es un gran paso para lograr una ley que dicte el marco regulatorio a las empresas de seguridad privada, pues anteriormente el Poder Legislativo carecía de facultades para hacerlo”.
Por lo que afirmó que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad privada podrá existir un registro único de empresas para que se conozca cuáles firmas están actualizadas, los elementos de seguridad autorizados y los insumos (radios de comunicación y armas), así como un censo de las empresas a las que prestan servicio.
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