El gobierno federal no cumplió con sus funciones de rectoría en la emergencia sanitaria ni asumió la responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional coherente y unificada, según un estudio de la Universidad de California.
Si México hubiera gestionado mejor la pandemia, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en 2020, también se hubiera evitado colocarse como el tercer país en el mundo con más muertes por COVID-19, las cuales no se deben sólo a consecuencia de la pandemia, sino por otras enfermedades que no tuvieron atención durante la crisis sanitaria, destaca un estudio de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).
La respuesta de México a la COVID-19. Estudio del caso es el título del análisis que solicitó el Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y elaborado por un equipo multidisciplinario de académicos liderado por el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco.
El estudio se señala que “las autoridades nacionales no cumplieron con sus funciones de rectoría durante la emergencia y no asumieron la responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional coherente y unificada”, además observa que la falta de una comunicación clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y acerca de cómo actuar al contraer la enfermedad contribuyeron al impacto devastador de la pandemia. “Las autoridades no han transmitido un mensaje correcto y coherente ni han reforzado las medidas de salud pública a través de su propio comportamiento”.
El informe indica que el “compromiso inquebrantable con las políticas de austeridad limitó el abanico de medidas posibles para hacer frente a la pandemia”. El país careció de acción gubernamental vigorosa y apoyo fiscal eficaz.
Otro de los aspectos que influyeron para evitar que la población estuviera en riesgo y gran parte se contagiara, se debió a que las políticas de austeridad limitaron el abanico de medidas posibles para hacer frente a la pandemia.
Consulta el informe completo aquí: https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf
Según el estudio, el país careció de acción gubernamental vigorosa y apoyo fiscal eficaz. La falta de medidas de apoyo a los ingresos socavó estructuralmente la efectividad de las recomendaciones de salud y profundizó las inequidades en el impacto de la pandemia.
Por otro lado, la política altamente restrictiva de pruebas ha impedido el diagnóstico a la mayoría de los ciudadanos infectados con el SARS-CoV-2. La escasez de pruebas impidió su uso como herramienta para la detección temprana de brotes y el control de infecciones, junto con el rastreo de contactos, el aislamiento de casos positivos y las intervenciones locales para contener la transmisión comunitaria.
Previo a la presencia del COVID-19 en el país, el sistema de salud se encontraba en una situación precaria debido a la falta de inversión crónica, los recortes por austeridad y “reformas inoportunas y mal concebidas”, condiciones que han repercutido negativamente en la detección del virus y la atención de los enfermos.
El informe advierte que en virtud de que los esfuerzos para contener contagios quedaron rebasados, el sistema de atención médica se vio obligado a soportar la carga de la pandemia, lo que llevó a hospitales llenos, trabajadores sanitarios estresados y expuestos y escasez de equipos y suministros. Se realizaron importantes esfuerzos para ampliar la capacidad de los hospitales y las UCI, en los que la coordinación con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil desempeñó un papel importante.
Sin embargo, las autoridades se enfocaron en aumentar el número de camas disponibles sin una estrategia integral en la prestación de servicios de salud. Los esfuerzos por incrementar el número de camas se vieron parcialmente socavados por la falta de aumentos concomitantes en el personal capacitado disponible, el equipo, los medicamentos y los recursos financieros y de otro tipo.
En lo que respecta al plan de vacunación, el análisis señala que sigue siendo insuficientemente detallado y transparente. Además, recalcó que es motivo de preocupación que las prioridades y decisiones de vacunación se sometan a consideraciones partidistas y electorales.
En las recomendaciones que se hacen al respecto, el estudio indica que las autoridades deben seguir estrictamente las prioridades de vacunación establecidas por áreas técnicas con base en consideraciones científicas. Los criterios para distribuir vacunas entre regiones y grupos sociales deben formalizarse y explicarse claramente de acuerdo con los lineamientos de salud.
Además, considera que es necesario volver a convocar al Consejo Nacional de Vacunación y otros actores relevantes para revisar y deliberar sobre el plan de vacunación. Dicho plan debe basarse en la amplia experiencia de México con la vacunación, promover las capacidades civiles del Estado y unir a los gobiernos subnacionales, la sociedad civil y el sector privado en torno a una campaña de vacunación compartida, coordinada y apartidista de complejidad y escala sin precedentes.
Por otro lado, subrayó la importancia de que el gobierno divulgue datos desglosados sobre la implementación de la campaña de vacunación y de crear un panel de control completo y disponible públicamente para informa y monitorear el progreso, toda vez que esto es fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza y la investigación científica.
Otro de los aspectos que se recomienda es fortalecer las estrategias de farmacovigilancia para recopilar datos confiables y monitorear de cerca la seguridad y eficacia de las vacunas que se administran a la población, en especial si el despliegue se desvía significativamente de las recomendaciones establecidas por las agencias regulatorias.
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