La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son algunas de las consecuencias de la corrupción. En México ocupa el segundo lugar de los problemas que más preocupan a la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
La corrupción es obtener beneficios propios abusando del poder para sacar ventaja ilegítima, y a pesar de no ser una conducta exclusiva de quienes pertenecen a la función pública, quienes desde el gobierno malversan dinero o recursos ocasionan graves daños a la sociedad al privarla de obras y servicios para el beneficio común.
La corrupción es el segundo problema que preocupa más a los mexicanos, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) elaborada por el Inegi. El porcentaje de población preocupada por este fenómeno subió de 50.9 por ciento en 2015, a 56.7 por ciento en 2017.
Por otra parte, en el informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” elaborado por Transparencia Internacional, indica que “México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33 al 39 por ciento)”.
Estos datos hacen innegable que uno de los problemas más apremiantes de atender en nuestro país es el combate a la corrupción. Las autoridades tienen un compromiso ineludible al respecto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Monitor Fiscal asegura que “la lucha contra la corrupción requiere voluntad política para crear instituciones fiscales sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas a lo largo y a lo ancho del sector público”, y propone una serie de medidas para atender esta problemática, entre las que destaca:
– Invertir en elevados niveles de transparencia y vigilancia externa independiente para que los organismos de auditoría y el público en general puedan realizar una supervisión eficaz.
– Reformar las instituciones. Las posibilidades de éxito son mayores cuando los países estructuran las reformas para atacar la corrupción desde todos los ángulos. Por ejemplo, las reformas de la administración tributaria redituarán más si las leyes impositivas son más sencillas y si reducen la discrecionalidad de los funcionarios.
– Crear una función pública profesional. Los procedimientos de contratación y remuneración transparentes y meritocráticos reducen las oportunidades de corrupción.
Sólo buenas intenciones
Una de las principales banderas de Andrés Manuel López Obrador en su campaña a la Presidencia fue el combate a la corrupción. Asumiendo que predicar con el ejemplo da buenos resultados aseguraba, una y otra vez, que “su gobierno será honesto porque él será honesto”, por lo tanto, esta actitud contagiaría a todos los funcionarios que están jerárquicamente debajo de él.
Aunque nunca ha precisado de qué manera lo haría, el presidente dijo que esperaba que la corrupción sea vista como “una enfermedad, y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea, hay que crear una organización para recuperar a muchos y que vean que lo material no da la felicidad, sólo siendo buenos podemos ser felices”.
Otra de las peculiaridades de las políticas de AMLO es que el combate a la corrupción va ligado con su política de austeridad para lo que recortó presupuesto a determinadas dependencias públicas, redujo sueldos y prestaciones a servidores públicos, entre otras medidas similares.
A pesar de que el mandatario ha afirmado que el gobierno estaba lleno de “pulpos” que en todas las secretarías sonde hacían negocios, su administración ha actuado con opacidad, de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la administración de AMLO ha incumplido con la obligación de realizar licitaciones públicas en la gran mayoría de las compras gubernamentales por lo que el 74.3 por ciento de las mismas son resultado de adjudicaciones directas.
Magros frutos del combate
En lo que va de la actual administración, el presidente de la empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira, es el único detenido tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien está en la mira de las autoridades federales, pero aún sigue prófugo.
Fuera de estos personajes, no se ha visto un procesamiento importante de algún otro funcionario público, inclusive el mismo Obrador se comprometió públicamente a no perseguir actos de corrupción de gobiernos anteriores. “Ya no estamos actuando como militantes o como dirigentes de un partido, ahora debemos actuar como un gobierno democrático; eso significa respetar a todos, hay que ser unidos, tolerantes y estar dispuestos a perdonar. Yo no olvido, pero sí perdono”, dijo AMLO cuando aún era presidente electo.
En otro tema, López Obrador aseguró que debido a que su gobierno no ha permitido ni corrupción ni despilfarro, el país cuenta con los suficientes recursos para ofrecer oportunidades de empleo y presupuesto para atender a los migrantes que están en el país en espera de recibir asilo de Estados Unidos.
Para que los resultados del combate a la corrupción sean verdaderamente tangibles ayudaría que el gobierno de AMLO tomara en cuenta las recomendaciones del FMI: “Voluntad política para crear instituciones fiscales sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas a lo largo y a lo ancho del sector público”.
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