El instituto propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgos de corrupción.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales, por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley.
En ese periodo, el gobierno federal adjudicó más de cuatro mil millones a empresas de reciente creación, con un año de vida. Destaca que el gobierno sigue contratando a “empresas fantasmas” que incluso a han estado listadas por el SAT.
Al presentar el informe del Índice de Riesgos de Corrupción (ICR), Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del IMCO, señalo que, en 2020, el monto por adjudicación directa rompió récord histórico.
“Es la primera vez, desde que se tienen registro en Compranet, que el dinero destinado a adjudicaciones directas es mayor al dinero destinado a adjudicaciones públicas”, señaló en conferencia de prensa virtual.
Según el reporte del IMCO, la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (más de tres mil millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó cuatro mil millones de esos, de los cuales 90 por ciento fue adjudicación directa.
La Secretaría de Marina asignó 90 por ciento el monto de procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa y 671 millones por invitación restringida.
Otro dato que arroja del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) es que el 24 por ciento de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet. A su vez, 66 por ciento de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado.
Entre 2018 y 2020, 66 por ciento de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentra el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).
Mientras que las compras públicas de instituciones del sector salud son publicadas de manera tardía. El 85 por ciento de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), el instituto advierte que en ambos casos no fue posible monitorear los riesgos de corrupción porque desde 2015 las contrataciones realizadas por dichas dependencias no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Instituciones autónomas sí cumplen
El IRC también identifica las instituciones federales que sí cumplieron con la ley y fomentaron los principios de competencia y transparencia en las compras. Los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) gastó 99.7 por ciento del monto de compras públicas por procesos de licitación. Además, 100 por ciento de las licitaciones cuenta con documentos publicados.
Así como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.
Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del IMCO, dijo que es necesario que las instituciones identifiquen las deficiencias y en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones.
Por lo que el instituto propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgos de corrupción.
El IMCO desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el cual es una herramienta para identificar los riesgos en cada una de las compras públicas con base en información oficial. También provee un mapa de riesgos para las instituciones al evaluar el grado de cumplimiento, según los tres principios rectores: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
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