Las empresas de seguridad, además de la sobrerregulación, se enfrentan a la competencia desleal de las policías auxiliares.
La entrada en vigor de la reforma laboral para eliminar el outsourcing se prorrogó hasta el 1 de septiembre, por lo que unas tres mil 500 empresas de seguridad privada, que actualmente no son fiscalizables, están en riesgo de quedarse sin el Registro como Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializada (REPSE), señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
El empresario agregó que actualmente existen seis mil empresas de seguridad privada que generan el 1.4 por ciento del PIB del país y dan empleo a 500 mil elementos; sin embargo, el 56 por ciento de ellas opera de forma ilegal porque no paga impuestos y no brinda seguridad social a sus empleados.
“Para formar parte del padrón de la STPS, estas empresas deberán demostrar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, al INSS, al Infonavit, de lo contrario, 250 mil guardias de seguridad privada podrían quedarse en el limbo”, explicó.
Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) dijo que las empresas de seguridad, además de la sobrerregulación, se enfrentan a la competencia desleal de las policías auxiliares, quienes se ven favorecidas por su marco legal, el cual las reviste de una regulación especial. Por una parte, se les permite prestar servicios de carácter público al ser una función a cargo del Estado, por otra se les permite prestar servicios privados de seguridad a particulares.
En esa tesitura, la prórroga del 1 de agosto al 1 de septiembre realizada por los legisladores es insuficiente para que las empresas logren regularizarse, ya que de 4.5 millones de mexicanos que se estiman están subcontratados, unos tres millones no habían sido migrados, por lo que corren el riesgo de caer en el desempleo. En tanto, según la Coparmex, 400 mil empresas utilizan el esquema outsourcing, de las cuales, hasta hace unos días, faltaban 387 mil 500 por registrase.
Sapién Santos resaltó que el principal impedimento que tienen las empresas de seguridad privada para cumplir con la ley radica en la sobrerregulación y sobre tributación que existe en el sector.
Finalmente, el presidente del CNSP comentó que la Ley Federal del Trabajo establece multas de hasta cuatro millones 481 mil pesos para las empresas que operen sin tener dicho registro y la misma sanción podrá ser aplicada para quien subcontrate servicios que no esté inscrito en el padrón.
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