Con el rebrote del COVID-19 en puerta, el sector empresarial además de enfrentar el asedio de los hampones, también tiene que luchar por mantener un sistema financiero sano dentro del contexto de la pandemia.
El 63 por ciento de las víctimas de delitos en todo el país prefiere no denunciar por desconfianza y la actitud hostil de la autoridad al momento de abrir una carpeta de investigación, advirtió Alejandro Desafassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).
El especialistas dijo que el gobierno federal tiene que hacer valer el Estado de Derecho en materia de seguridad, pues con el rebrote del COVID-19 en puerta, el sector empresarial ha quedado a merced de tres fuegos: la falta de liquidez por la pandemia, las extorsiones del crimen organizado y la posible contracción económica del 9.8% que algunas calificadoras presagian para el país.
“De no actuar con firmeza y responsabilidad por parte del Estado, estaríamos ante el cierre de muchas empresas que generan fuentes de empleo y el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia al mismo tiempo”, indicó el presidente de GMSI.
El último informe “Hallazgos 2019” de México Evalúa se centró en la baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia como policías ministeriales, investigadores, fiscales, agentes del Ministerio Público, peritos, asesores jurídicos, jueces y defensores, encontrando que el 92.4% de los delitos en el país queda en total impunidad.
Las entidades con los niveles más altos de impunidad son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%). “Esto resulta ser más que inaceptable, puesto que de los 33 millones de delitos que reporta anualmente el INEGI, sólo el 7.6% se castiga, es decir, unos 2 millones 508 mil casos”, manifestó el experto en seguridad.
“La situación es realmente grave. Primero porque las células del crimen organizado están agarrando parejo, como contra ambulantes o pequeños empresarios con empresas grandes y formales, quienes además de enfrentar el asedio de los hampones, también tienen que luchar por mantener un sistema financiero sano dentro del contexto de la pandemia”, agregó.
Alejandro Desafassiaux dijo que con datos proporcionados por el informe “Hallazgos 2019”, por cada 10 actos de extorsión cometidos en el país, sólo se denuncia uno, siendo el sector empresarial y el de comercio los que presentan mayor afectación. De enero a octubre de 2020 se han registrado 17 mil 961 casos de fraude y extorsión, un número que está ya cercano a los 22 mil 405 reportes del 2019.
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