El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Resultados del Censo 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del (Inegi) señalan que en México hay siete millones 168 mil 178 personas con discapacidad, de la cuales 52 por ciento son mujeres que se enfrentan a múltiples violencias, las cuales son agravadas por las distintas barreas que viven.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera importante que se fortalezcan las estrategias para identificar, visibilizar, prevenir y atender la violencia que viven las mujeres con discapacidad y así garantizar sus derechos humanos.
A través de un comunicado, la CDHCM, que es presidida por Nashieli Ramírez, recordó que el 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo, convirtiéndose así en parte de los estados comprometidos en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“En el artículo 6 se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y los estados en parte deben adoptar medidas para garantizar sus derechos humanos”, señala el documento.
Refiere que una de las barreras que viven las mujeres con discapacidad es la falta de reconocimiento de su capacidad debido a las existencias de juicios de interdicción y, en consecuencia, obstáculos para tomar sus propias decisiones y ser autónomos.
Esto deriva en la falta de acceso a la justicia; exclusión de los servicios de salud de forma informada y accesible, como es el caso de las esterilizaciones forzadas. Asimismo, las mujeres con discapacidad se ven afectadas por la violencia familiar, la cual recorre el riesgo de incrementar su invisibilidad con las medidas de distanciamiento social durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
“Es prioritario realizar los cambios normativos necesarios para eliminar el juicio de interdicción y sustituirlo por un sistema de apoyos para la toma de decisiones que impulse la autonomía”, concluyó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Te puede interesar: Crean chat contra la trata de personas
